Los abogados de las víctimas emitieron hoy el pedido de condena contra los represores que actuaron bajo el comando de la Subzona 14 durante la dictadura en nuestra provincia.
Durante casi un mes, los querellantes repasaron los más de 230 casos de víctimas de la represión ilegal en nuestra provincia entre el periodo 1975 a 1982, y hoy pidieron las condenas para todos los imputados.
Finalmente, solicitaron 25 años de prisión para el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el exsecretario de la Gobernación, Omar Greppi y el médico de la policía Máximo Alfredo Pérez Oneto.
También pidió 22 años para los expolicías Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Athos Reta y Carlos Reinhart. Para Oscar Alberto «Miseria» López y Juan Domingo Gatica, 20 años de prisión. A Hugo Marenchino 18 años, 14 años para Jorge Quinteros. Además, solicitaron la pena de 12 años para Luis Lucero, y para Osmar Pérez y Miguel Angle Ochoa el pedido fue de 10 años de prisión.
El TOF de Santa Rosa volverá a sesionar el marte 18 y miércoles 19 de diciembre en lo que serán las últimas dos audiencias de 2018. Allí expondrá el fiscal federal Leonel Gómez Barbella. No habrá tiempo para las defensas de los represores que deberán hacerlo el próximo año. La sentencia del tribunal llegará después.
El encargado de pedir las condenas para los represores por parte de las querellas fue el abogado Maximiliano Corroinca, quien además solicitó cárcel común e inhabilitación para ejercer cargos públicos para todos los juzgados. Pidió que se ponga en conocimiento al Ejecutivo y les den la baja por exonerados.
Para el médico Pérez Oneto también solicitaron la inhabilitación de la matricula de médico que le permite seguir ejerciendo aún hoy.
Para Baraldini, pidieron poner en conocimiento a la cancillería de Bolivia, por un reconocimiento que hicieran en su momento a Baraldini cuando vivía en el país vecino.
Las querellas pidieron la investigación de los delitos cometidos contra familiares de las víctimas de la represión. «El objetivo del genocidio fue dañar los lazos sociales de la sociedad pampeana», especificó Corroinca.
El abogado dijo que una de las mayores satisfacciones para la reparación de las víctimas es «el conocimiento de la verdad» desde el punto de vista «histórico», para que se garantice el derecho colectivo del acceso a la verdad histórica de los hechos y desde el «reconocimiento» propio a las víctimas.
«Creemos que todos los hechos generaron en cada una de las víctimas en sus circunstancias de vida e impusieron nuevas que modificaron planes, proyectos de vida, familiares, generacionales» dijo Corroinca y citó el caso de Roque Alejandro Mafrán, el médico perseguido por los represores y que se exilió de nuestro país.
Corroinca peticionó al TOF una serie de satisfacciones y las garantías de que no vuelva a ocurrir esto, y se conozca la verdad, que tienen que ver con la notificación a cada una de las víctimas de la sentencia del tribunal. «Es aunque sea una forma de reparar las molestias ocasionadas de llegar 40 años después aquí a contar los vivido
Junto al resto de las querellas, pidieron que en el Colegio «José Ingenieros» de Jacinto Arauz coloquen los nombres de las víctimas de la represión ilegal y se fomente el ejercicio pedagógico sobre los hechos acontecidos. «Solicitamos que este pedido se haga extensivo al Colegio Paso de los Algarrobos» lugar donde también fue víctima una docente. Pidió también un reconocimiento al exjuez Juan de Dios Uncal.
A su vez, solicitaron un acto de disculpas públicas a todos aquellos que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, y un resarcimiento a las víctimas que fueron cesanteadas durante la dictadura.
Otro hecho destacado de la lista de los pedidos, fue que el Colegio Médico de La Pampa que haga un acto de reconocimiento público de los hechos y un acto de desagravio hacia las víctimas por el rol que ocupó la institución durante la dictadura.
Las querellas exigieron al TOF que constituya como Centro de la Memoria a la Comisaría Primera de Santa Rosa, donde se llevaron a cabo las torturas a las víctimas, y que se identifique los centros clandestinos de detención de la Brigada de Investigaciones en la calle Raúl B. Díaz, la Jefatura de Policía, la Comisaría de Genera Pico, Comisaría de Catriló, la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Arauz, la Comisaría de Rancul, la Unidad 13, la Unidad 4, y el destacamento de caballería con asiento en Toay, y que en todos se señalice con los nombres de las victimas.
A su vez, los abogados de las víctimas pidieron que se informe de la sentencia a través de distintos medios, en particular los de mayor alcance como lo son Radio Nacional y Canal 3.
Como parte de las garantías de «no repetición» de los crímenes de lesa humanidad, solicitaron que se exhorte al Ejecutivo Provincial para que se cree un archivo digital con todos los documentos de la causa, no solo para el conocimiento de las víctimas, sino para toda la sociedad. Además, que se reforme a las fuerzas policiales con participación de la sociedad civil, y las reformas de las normas jurídicas de facto.
Pidieron también que el Obispado de Santa Rosa ponga en conocimiento toda la información que mantienen guardado bajo llave en la diosesis local. En el mismo sentido, solicitaron que se abran los archivos de la Policía Federal Argentina de la delegación pampeana y de la Fuerza Aérea Argentina todos entre los años 1975 y 1983.
«Memoria, verdad y justicia, son las consignas que llevaremos como bandera, porque entendemos que no existe ninguna fuerzas en el mundo capaz de aplastarlas», finalizó.
Raquel Barabaschi y Juan Carlos Pumilla
«Ahora podemos decir que hubo un plan. Un procedimiento sedicioso y el botín fue la República», se pronunció «Pinky» Pumilla.
Dijo que los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado fueron «terribles» y que el peor de todos fue «el asesinato de la realidad a manos de un relato…»
En ese sentido, echó por tierra el discurso que buscó instalarse durante aquellos años y que pintaba a la provincia de La Pampa como una «isla» donde «no hubo crímenes» como supo declarar el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini. Recordó los crímenes de los ingenieros traídos de Bahía Blanca por la Ruta 22 y asesinados en territorio pampeano. Los cuerpos fueron encontrados a orillas del río Colorado, en La Adela. También el crimen de un matrimonio oriundo de Rosario, ocurrido entre Miguel Cané y Quemú Quemú. «Como secuela de ese crimen permanece desaparecido Lisa Clotilde Mora, otra seceustrada que se suma a la estadística de los secuestro en La Pampa», dijo Pumilla.
Este y otros casos fueron presentados por el MPDH en 1984. «Hoy se cierra un ciclo», manifestó el escritor y periodista víctima de la represión ilegal y querellante de la causa.
«Debemos sumar a los más de cincuenta y pico de compañeros desaparecidos. Ellos refutan el concepto de esa «agenidad» pampeana en las desapariciones», especificó y recordó la recuperación de la nieta 125
«Pero nos queda la deuda de la recuperación de la hija de María de las Mercedes Gómez, y se impone para nuestra dignidad que sea recuperada por que hay una abuela que la espera, que es Nelida Decristofano», recordó.
«La desmemoria sumada a la impunidad ha sido el caldo de cultivo de las grandes atrocidades de nuestro pasado. Podríamos hablar de la memoria desde otro ángulo, como nos enseñó nuestro amigo Ricardo Nervi al regreso de su exilio en México: «el alfarero maestro al cual ya no le dan las fuerzas para alzar una pieza, decide delegar su tarea y elige el jarrón mejor bruñido y templado, y se lo entrega al que va a ser su sucesor, que no lo guarda en un estante, lo arroja al suelo, muele los fragmentos y con eso construye una nueva pieza», esa es la memoria que nos gusta, la que sirve para construir cosas nuevas, en ella nos refugiamos, nos defendemos, con esa memoria avanzamos al porvenir para poder establecer cual será el volúmen cual será la longitud de la sombra de la justicia», concluyó Pumilla.
Raquel Barabaschi leyó un documento en el que denunció el plan sistemático llevado a cabo por los represores para perpetrar los crímenes contra la sociedad y especialmente contra las mujeres.
Denunció los crímenes sexuales contra las mujeres y remarcó que «las consideraban doblemente transgresoras del orden patriarcal establecido». «Condenó con particular ensañamiento a quienes cuestionábamos los estándares impuestos», enfatizó.
«Tardamos mucho tiempo en perder el miedo, porque gran parte de la sociedad coartaba nuestra necesidad de visibilizar lo que nos había pasado. Los que deberían avergonzarse tendrían que ser quienes nos atacaron y violaron», expresó.
«En este juicio histórico quedaron identificados los colectivos víctimas del terrorismo de Estado en La Pampa y en cada uno de ellos se nota el ensañamiento particular contra las mujeres», dijo.
«Las pertenecientes del grupo de la UTN fuimos víctimas de ese trato. Nos decían que eramos «tortilleras» y «una porquería». Nos ordenaron estudiar corte y confección, callar y olvidar, y no decir nada. El peor trato fue para Estela Marís Barrios quien fue violada por 5 represores durante su traslado tras la detención ilegal», dijo Barabaschi y repasó los nombres de todas las mujeres sometidas a todo tipo de violencia durante los años del horror.
«La mala noticia para los genocidas y el sistema que los sostiene, las mujeres no bajamos los brazos, nos pusimos de pie, seguimos luchando, y lo hacemos en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Nuestra lucha es un homenaje para las compañeras que ya no están entre nosotros y un legado para las nuevas que salen a luchar por sus derechos, porque son un orgullo. La muestra acabada de que no nos han vencido ni lo podrán hacer», expresó Raquel al cierre de su exposición.
