El presidente Mauricio Macri volvió a utilizar un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para materializar una medida sin pasar por el Congreso de la Nación. Advierten por virtual privatización.
El último que había emitido el Poder Ejecutivo fue el de extinción de dominio, fuertemente criticado por constitucionalistas. Otro DNU figura en el Boletín Oficial de este miércoles: el que crea la Agencia de Deporte Nacional en reemplazo de la Secretaría de Deportes.
En los considerandos de la norma, la Casa Rosada justificó la medida al entender que «deviene necesario un reordenamiento normativo que permita la toma de decisiones y ejecución de las políticas vinculadas al fomento del deporte en forma ágil y eficiente».
Según el Gobierno, mediante la Agencia «se continuará con la ejecución de los programas de gobierno en materia deportiva, propiciando una política basada en los pilares de transparencia, desarrollo sustentable y sostenible del capital humano para la actual y futuras generaciones de deportistas».
Quienes se oponen a la iniciativa sostienen que, al quedar habilitada para suscribir convenios con entes privados, la Agencia encaminará al deporte argentino hacia una virtual privatización.
Se trata de las más de 700 hectáreas de tierras fiscales entre los terrenos del CeNARD, en la Ciudad de Buenos Aires; los predios CADeN 1 y 2 y el Estadio Nacional de Béisbol, en Ezeiza; el CeNaDe, en Esteban Echeverría y las locaciones en torno a la Pista Nacional de Remo, en Tigre.
Al frente de esta cruzada para pedir que no se vendan los terrenos se pusieron algunos deportistas, como el ex jugador de la Selección de vóleibol Marcos Milinkovic, quien calificó como “una locura” la iniciativa del Gobierno de “privatizar el deporte argentino”. Además, Milinkovic advirtió que, entre otras cosas, lo que se busca es “aprobar la venta de espacios públicos”.
La conducción y administración del nuevo organismo descentralizado y autárquico que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia estará a cargo de un director ejecutivo, con rango y jerarquía de secretario, y un subdirector ejecutivo, ambos designados por el PEN.
De acuerdo con el artículo 4 de la norma, el organismo manejará los ingresos de recaudaciones; ventas, locaciones u otras formas de contrataciones de sus bienes muebles y servicios; lo producido de la organización de eventos; recursos obtenidos de contratos onerosos de concesión, permiso de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su custodia; fondos provenientes de la explotación de bienes muebles y de los servicios arancelados; aranceles y tasas que perciba como retribución por servicios adicionales que preste; contribuciones, subsidios, cesiones, herencias, legados y donaciones de bienes muebles que reciba.
Esos recursos, aclara el Gobierno, «se destinarán a solventar los gastos de funcionamiento de la Agencia, a la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas, a la asistencia del deporte en general, a la realización de juegos deportivos por sí o por intermedio de instituciones públicas provinciales, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o municipales, al entrenamiento, preparación y capacitación de atletas, técnicos/as y entrenadores/as, profesionales especializados en medicina del deporte y profesionales especializados en las ciencias aplicadas al deporte y a la actividad física y al fomento de competiciones deportivas de carácter nacional e internacional».
A su vez, dentro de la Agencia funcionará un Consejo Consultivo que estará presidido por el director ejecutivo y se conformará con los titulares de las áreas con competencia en materia deportiva de cada provincia que adhiera y de la ciudad de Buenos Aires. Además, contará con representantes del Comité Olímpico Argentino; del Comité Paralímpico Argentino; de la Comisión de Deportes de Cámara de Diputados y del Senado. Todos sus miembros, indica la norma, tendrán carácter «ad honorem».
