El fiscal Carlos Stornelli, estrella de la causa judicial más difundida en los últimos tiempos, deberá dar cuenta el 7 de marzo ante un juez federal, que lo acusa de “maniobras de inteligencia y espionaje, ilegales”
La causa que le significó el premio “Rey de España” al periodista pampeano Digeo Cabot, por difundir las fotocopias del meticuloso chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, Oscar Centeno, se vio empañada por la aparición del abogado trucho, Marcelo D’Alessio, quien está acusado de extorsionar al menos a un empresario para que Stornelli no lo metiera preso por supuestos pagos de coimas a funcionarios. Incluso, de extorsionar por cuenta y orden del funcionario judicial.
El diario Perfil da cuenta este domingo que ya se presentaron al menos dos recusaciones en contra del fiscal ahora acusado y se especula que podría producirse un aluvión de nulidades a la hora del juicio oral y público por los supuestos cuadernos.
En Comodoro Py están convencidos de que lo que sucede con Stornelli tendrá indefectiblemente su capítulo en cuadernos y ellos estarán detrás. “Cómo se sostiene una causa en la que el fiscal está acusado, de mínima de espionaje ilegal, que se juntó con un tipo que pedía dinero en su nombre y que encima había declarado en la causa de Gas Natural Licuado como testigo”, dijo una fuente al dominical porteño.
Además, en la sede judicial – dice Perfil – hay una impresión extendida, que se sostiene en base a información que circula alrededor del escándalo que salpica a Stornelli. Y es también la que hace que haya mucha cautela tanto en sectores del Poder Ejecutivo como al interior del propio edificio de Comodoro Py. Varias voces coinciden en que hay más material que puede comprometer a distintas personalidades tanto en distintos registros, como fotos, videos o audios, y que la estrategia detrás de las filtraciones que pueda haber será que todo irá saliendo a “cuentagotas” y complicando cada vez más el escenario.
“Vienen insistiendo con las nulidades y recusaciones desde que empezó el caso: desde que si las fotocopias o no las fotocopias, o que por cómo y dónde empezó el caso o por si hay o no registros del momento en que se arrepintieron los imputados colaboradores, mirá si no van a ir a la carga con esto de Stornelli”, describió otra fuente de los tribunales de Retiro al medio.
En Comodoro Py, la mayoría cree que el caso de los cuadernos seguirá su curso normalmente pasado el escándalo. Allí la mira está puesta en que el expediente que involucra al fiscal vendrá eventualmente desde Dolores a Buenos Aires, tras la discusión por la cuestión de competencia territorial que ya fue planteada en dos oportunidades. Primero por el juez Julián Ercolini, que lleva adelante el caso que se inició tras la denuncia de Stornelli contra D’Alessio y luego por la propia inhibitoria que presentó la defensa del fiscal, encabezada por Roberto Ribas, tras conocerse la citación a indagatoria prevista para este jueves a las 11 de la mañana en Dolores. Desde el comienzo del caso que involucra a Stornelli, se habla de una pelea de bandos y del descontrol en torno de los servicios de inteligencia y los operadores judiciales.
El fiscal Federal Carlos Stornelli se enfrenta por estas horas a la indagatoria a la que fue citado para este jueves 7, a las 11. Es por su presunta participación en “maniobras de inteligencia y espionaje ilegales”.
La indagatoria será en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, ante quien ya se presentó el viernes por la mañana su defensor Roberto Ribas, para presentar el pedido de incompetencia del juzgado.
Entienden que los hechos investigados presuntamente ocurrieron en Buenos Aires y que allí debe tramitar la causa. El juez federal Julián Ercolini le pidió a Ramos Padilla hace casi dos semanas que se inhiba de seguir participando del caso.
Por ser fiscal, Stornelli está alcanzado por sus fueros, al igual que los legisladores y magistrados, por lo que si bien eventualmente podría llegar a ser procesado por el caso, lo que no se podría es ordenar su detención o allanar su despacho o domicilio sin previa autorización del Parlamento. Tampoco es posible que un magistrado ordene interceptar sus comunicaciones telefónicas, chats o correos electrónicos, sin previa autorización de la Cámara.
