El Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca rechaza el proyecto oficial sobre el nuevo Sistema Penal Juvenil. El presidente de la Nación anunció que enviaría el proyecto al Congreso el 1 de marzo pasado. Esa misma tarde ingresó para su tratamiento legislativo.
En una entrevista con la Revista Zoom, Meaca dijo que “lo primero que llamó la atención es que fuera el Ministerio de Justicia el que convocara, en 2017, a referentes provinciales y nacionales de niñez para avanzar sobre una modificación de la Ley 22.278. No es el organismo con competencias sobre la temática, que es abordada por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Desarrollo Social. En esa oportunidad, se integraron comisiones con referentes de todas las provincias, divididos en mesas temáticas. Una se dedicó a la edad de imputabilidad, cuestión que no pudo ser consensuada porque casi la totalidad rechazó la baja de la edad: 36 especialistas contra siete a favor. Al margen de lo resuelto, el organismo nacional siguió avanzando y hoy cuenta con un proyecto que plantea bajar la edad a 15 años”.
“Es de público conocimiento el rechazo de todos los referentes de niñez, especialistas, organizaciones sociales, espacios institucionales y hasta las provincias, que junto a la Secretaria de Niñez tienen proyecto propio, también oponiéndose. El día de la presentación, la máxima autoridad del Ministerio publicó en sus redes sociales la presentación de la baja de edad, olvidándose de que en realidad es un proyecto de responsabilidad penal juvenil. Eso demostró la intención real, lo único que reviste importancia e interesa: poder castigar como propuesta ante la inseguridad”, resaltó.
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El proyecto “tiene graves problemas constitucionales y convencionales, que radican en que su estructura ideológica solo está interesada en el castigo y no en la reinserción social. A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se volvió necesario adecuar la Ley 22.278, sancionada en el proceso militar y no acorde a la normativa internacional vigente”, señaló.
“Pero este proyecto no solo no respeta la exigencia de avanzar en estas garantías, sino que implica una violación al principio de no regresión en derechos de la infancia, agravando aún más la situación. Los principios de la Constitución Nacional chocan estrepitosamente con una realidad de vulneración de todo el sistema de protección de la infancia, ya tan imposible de no ver que se incorpora como un paisaje cotidiano al que nos hemos acostumbrado, otorgándole cierta normalidad a niñas y niños durmiendo en la calle, pidiendo, siendo explotados sexualmente o drogándose. ¿Qué efecto real tienen la Constitución y la Convención de los derechos del niño? Posiblemente ninguno”, afirmó.
“Lo central en el análisis de lo penal juvenil radica en definirse por dos posiciones ideológicas que hace años se han ido estructurando: la que históricamente se aplicó, proponiendo a la privación de libertad como solución a cualquier reacción de un adolescente ante el sistema, o la de avanzar a sistemas de reinserción social, equiparando las desventajas sociales, educativas y de inclusión con otros niños, lo que requiere inversión social en los sectores más vulnerables, recursos que fueron recortados. Pero una discusión actual solo puede avanzar basada en derechos, no podemos volver a discutir un sistema donde la centralidad sea el castigo, que históricamente se aplicó y nunca logró resultados efectivos”, indicó.
“El ingreso a cualquier centro penal juvenil, inmediatamente, nos deja ver la hoguera que produce de todo derecho establecido por nuestra Constitución y la letra muerta en la que convierte a las normas legales. Dentro de ellos, la realidad de la vulneración de todo tipo de circunstancias que sufren niños y adolescentes, no da espacio a ningún derecho. El principio que dictamina que “nadie sale de un correccional mejor de lo que entró”, demostrado a lo largo de nuestra historia y de los procesos de estos sistemas en el mundo, permite observar que las cárceles, los correccionales, los centros penales juveniles o el nombre que se les quiera dar para tranquilizar nuestras conciencias, son parte del problema.
La contrapropuesta. El pampeano Juan Pablo Meaca explicó que “La propuesta penal juvenil que sostenemos hace hincapié, sobre todo, en la protección de los derechos del niño, niña y adolescente, con un fuerte componente tendiente a la reinserción social en marcos sociales colectivos adecuados. Consideramos a la infracción penal que cometió el joven como un elemento que quiebra la convivencia social y que se produce por factores socioculturales, económicos y educativos, producidos por desventajas sociales que han sufrido, así como su grupo social, desde su desarrollo temprano, y que el sistema estatal debe remediar para garantizar la igualdad de derechos”.
– En este escenario, ¿cómo juega el postergado nombramiento de un defensor del Niño de la Nación?
– Aun con las demoras, el adelanto en la designación del defensor permite poner en agenda el tema y dar una discusión nacional basada en la necesidad presupuestaria para sacar a la infancia de la pobreza y la indigencia. También implica seguir avanzando para lograr imponer un discurso mediático fundado en los derechos humanos de la infancia, en un proceso colectivo que contenga a todos, que destruya el modelo de seguridad implantado en la sociedad y abra una discusión sobre nuevas estrategias para implementar la garantía de derechos de todos los jóvenes.
