El debate público instalado por la charla «pro vida» que se desarrollará esta tarde en la UNLPam, con el acompañamiento de las autoridades, sigue generando polémica. Estaba convocada para las 18 y la adelantaron a las 16.30. De todas maneras, por la extensión de la conferencia, se suspendió la de»La Memoria», que debía arrancar a las 19. La decisión de suspensión es adjudicable a la universidad.
La casa de altos estudios suspendió una de las actividades programadas en el marco de la semana de la memoria como consecuencia de la actitud asumida por el rectorado de ceder el Aula Magna para la charla «Aspectos Médicos-Legales vinculados al aborto», que dará el médico Jorge Maciel, un visible militante contra el derecho a la interrupción legal del embarazo y el aborto en general.
Se trata de una de las actividades más importantes desde el punto de vista de la historia de los derechos humanos de la Universidad y de nuestra provincia, puesto que incluía una proyección del audiovisual «Juicio Subzona 1.4 II. Memoria contra la impunidad». Causa que tiene en el banquillo de acusados a los responsables de los delitos de lesa humanidad llevados a cabo en nuestra provincia durante la última dictadura, en la que la UNLPam es querellante y que a mitad de año se conocerá la sentencia del Tribunal Oral Federal que traerá justicia luego de 43 años.
La actividad iba a desarrollarse este viernes a las 19 horas en el Aula Magna, apenas unas horas después que la citada charla convocada por un grupo universitario autodenominado «provida» en el mismo lugar, y la Universidad anunció que debía «reprogramarse por razones de fuerza mayor» aunque obvió poner el nuevo día y horario en que se desarrollaría. Una de las personas que participaba de la actividad de la Semana de la Memoria, es integrante de la casa de altos estudios y adhirió al documento que las organizaciones presentaron. En este se expresa que la charla de este grupo «pro vida» es un retroceso en los derechos que ya han sido otorgado a las mujeres. La charla se replicará en la sede de General Pico.
Rechazan charla en la UNLPam: “cuestiona derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”
El médico que dará la conferencia hoy es un reconocido militante en contra del aborto. La charla que propone se centra en los aspectos legales del aborto. Pero desde la perspectiva de negar ese derecho a las personas con capacidad de gestar en nuestro país en ninguna de los casos. Una práctica ilegal por parte de este sector, puesto que el marco legislativo que rige, recoge la reforma del Código Penal de 1921, en el que se establece los casos donde no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
También la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en 2012 con el fallo F.A.L, en relación a los abortos por violación, y resuelve que las mujeres violadas, «normales o insanas”, (de acuerdo al fallo) pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. De acuerdo a este fallo, sólo se necesita una declaración jurada en la que conste el delito del que fue víctima la persona que va a interrumpir su embarazo.
Finalmente el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015, retoma los lineamientos del fallo “F.A.L” y agrega consideraciones en cuanto al concepto de salud, incorporando los aspecto físicos, psíquicos y sociales y aclara que el peligro de la salud puede ser potencial (Fundación Huesped).
Tanto el rector Oscar Alpa, como la vicerrectora, Verónica Moreno, señalaron que coinciden en el planteo de las organizaciones pero de todos modos decidieron avalar que se desarrolle la charla. Para ello esgrimieron que es para mantener la «pluralidad de voces». Esa decisión hizo que no se pudiera hacer la actividad que tenía por fin mantener viva la memoria tras los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar y por grupos paramilitares desde 1974 en adelante, que se los suele vincular con la Triple A.
