*Por Ricardo Víctor Cheli. Seguramente, recordar el primer artículo de la Constitución Nacional que afirma que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal pareciera una obviedad. Sin embargo, la referencia no sobra.
En la Argentina del año 2019 se escucha cada vez más seguido acerca de abruptas remociones o retiros forzados de magistrados judiciales, veloces reformas políticas, por decretos de (supuesta) necesidad y urgencia, conclusiones sorpresivas de procesos de envergadura donde están involucrados funcionarios del Gobierno, sus amigos y parientes, y para agravar el panorama, sobre espionaje, presiones y extorsiones a ciudadanos empresarios, a legisladores, periodistas y opositores políticos. Todo hace pensar en un Poder Judicial golpeado, que a duras penas soporta el temporal al que está sometido, un poder judicial que sin tapujos el propio Presidente de la Cortes Suprema de Justicia Nacional, frente a cientos de Funcionarios judiciales, no trepidó en calificar a los Organismos judiciales como carentes de legitimidad o sea del reconocimiento de la validez de los procesos que tramitan y de sus sentencias. O sea un Poder Judicial que es consciente de la necesidad de su independencia para poder funcionar pero que, día a día, la va perdiendo en manos de otro de los Poderes del Gobierno, como lo es el Poder ejecutivo.
La independencia judicial no es un fin en sí mismo sino un medio, un instrumento para asegurar los derechos y las garantías de las personas. Como bien decía el jurista italiano Luigi Ferrajoli, “es la garantía de una justicia no subordinada a intereses de Estado o a asuntos políticos contingentes”, por ello, la independencia judicial es un valor y también una garantía. Sin independencia judicial no es posible la vigencia del Estado de Derecho democrático y como derivación del mismo, tampoco de un Gobierno republicano.
Los argentinos vemos cada vez con mayor preocupación cómo funcionarios públicos de distinto nivel, políticos y la prensa se sienten autorizados a referirse a las resoluciones judiciales y/o al accionar de los jueces, como si no se refirieran a los integrantes de un poder del estado que debe ser respetado en la autonomía funcional y de sus decisiones. Autonomía que no implica no tener canales comunicantes con los demás Poderes. Más aún, si se estigmatiza hoy al Juez Ramos Padilla y se lo denuncia por orden del Presidente Macri ante el Consejo de la Magistratura, es porque se lo acusa de violar el criterio de imparcialidad, porque al ser citado por dos Comisiones del Congreso, como es obligatoriamente legalmente y ético, concurrió ante los más auténticos representantes de la voluntad popular y de la soberanía política a dar explicaciones sobre los gravísimos hechos que le toca investigar.
¿Acaso los parlamentarios debían seguir conociendo los relevantes delitos que investiga este Juez por medio de los trascendidos “de buena fuente” que informaba el periodismo? ¿O su obligación era conocerlos de la boca del mismo, en vivo y en directo? De hacerlo así, como ocurre habitualmente, ¿no están violando y renunciado a su propio derecho a investigar que tienen atribuido reglamentariamente cada Cámara del Congreso y, peor aún, faltando a una obligación soberana para la que el pueblo los votó?
El Juez Alejo Ramos Padilla lo que hizo fue cumplir con una de sus obligaciones, no sólo como Magistrado. sino como ciudadano argentino que investiga uno o varios hechos relevantes de contenido delictivo, donde no sólo estarían involucrados como autores o víctimas Ministros, legisladores, funcionarios judiciales, periodistas y particulares, sino Organismos de Inteligencia del propio Estado (AFI) y, en mayor grado de gravedad institucional, por cuenta y orden de potencias extranjeras, presuntamente la CIA y la DEA, lo que trasciende lo meramente judicial.
O sea que el juez informó sobre hechos que develaron toda una trama de corrupción, extorsión, manipulación de causas judiciales, ataque a la labor periodística, espionaje y actuaciones de servicios de inteligencia extranjeros, organizada y con aparente protección al más alto nivel oficial del gobierno presidido por Mauricio Macri y, donde podrían haber participado colaboradores suyos. Su accionar entonces aparece conciliado con los intereses en juego porque en función de su responsabilidad como Juez Federal en sus exposiciones, protegió en forma manifiesta la presunción de inocencia del único procesado a la fecha, el falso abogado D’Alessio que aparece en forma manifiesta como operador de servicios de inteligencia y espías paraestatales y de quienes pudiesen ser imputados en el futuro en la Causa penal que instruye.
Pero como suele ocurrir en estos casos y en forma manifiesta con este Gobierno de Cambiemos, baste citar sólo dos casos, el de los Jueces Rozanski y Arias de La Plata que fueron perseguidos hasta lograr la renuncia del primero y la ilegítima remoción del segundo, desde el máximo poder político, es decir el Presidente Macri, inquietado por los novedades, y con el apoyo mediático de siempre, ha decidido “matar al mensajero” denunciando al Juez Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura, en lugar de ordenar una investigación amplia, profunda e inmediata, poniendo a disposición del Magistrado todos los medios necesarios para profundizar la investigación “hasta las últimas consecuencia” (como ampulosamente se suele decir, aunque luego no se concrete) para después sancionar a los culpables, si corresponde, en tanto autores de las conductas irregulares denunciadas por el juez.
Este infame accionar del Gobierno está evidenciando el interés directo en acabar con un juez independiente e incómodo. El Gobierno, si quiere cuestionar el testimonio del doctor Ramos Padilla, debería hacerlo ante las mismas Comisiones en las que fue citado a comparecer. En el caso de la primera de ellas, que paradójicamente es la de Libertad de Expresión, derecho fundamental del que también son titulares los miembros de la judicatura, los propios legisladores de la Alianza Cambiemos, sin embargo, dieron la espalda al informe, incumpliendo con sus deberes cívicos y con el mandato popular que los ungió como tales, no concurriendo a la Comisión. Y es muy sospechoso que se pretenda silenciar desde los sectores oficialistas a quien denuncia y que, con su actuación, pretende no solo cumplir con un deber ciudadano, como lo señalo más arriba, sino proteger su propia independencia frente a quienes quieren eliminar la posibilidad de la investigación.
Este es el camino hacia la negación de la independencia funcional, porque de ese modo la imparcialidad es algo que no se sostiene con facilidad. La independencia es un valor difícil porque plantea exigencias al magistrado y a los otros dos poderes del Estado. El juez que de verdad es independiente es siempre un juez incómodo y con frecuencia deberá tomar decisiones que no son gratas a los centros de poder y eso, lamentablemente cabe decirlo hace difícil su existencia. Una democracia no puede llamarse tal si se utiliza al Poder Judicial como instrumento de acoso y derribo a oponentes políticos y tampoco removiendo a jueces incómodos.
En esto, la sociedad civil no debe quedar ajena a los ataques que sufren algunos Jueces, como el caso del Dr. Ramos Padilla, entre otros, y debe comprometerse, como lo hizo ayer en nuestra ciudad y en otras provincias y multitudinariamente en la Ciudad Capital del país, apoyando el cumplimiento de sus funciones, que es precisamente defender su independencia. Pero, sin la acción ética y responsable del propio Estado, la independencia judicial es una utopía y los argentinos en la Semana de Memoria, la Verdad y la Justicia, sabemos muy de qué se trata cuando están en juego la seguridad y la libertad del pueblo.
