La Asociación de Trabajadores del Estado de La Pampa anunció el inicio de medidas gremiales para reclamar estabilidad laboral, aportes jubilatorios y obra social, entre otros derechos. Hoy presentan una factura de monotributo que, según cada caso, oscila de $ 14.000 a $ 22.000 por mes.
El plan de lucha comienza en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de La Pampa. Dirigentes gremiales y trabajadores responsabilizaron al subsecretario Juan Pablo Boninio de la continuidad de la precarización y de incumplir acuerdos para la mejora de las condiciones laborales. En toda la cartera social hay 100 monotributistas.
La Secretaria Gremial, Blanca Oyarzún, contó que «por la situación de precarización con contratos 911, que no es más que un monotributo, que lleva 4 años y no tuvimos ninguna respuesta. Por eso desde este momento se comienza un plan de lucha».
Por su parte, la dirigente provincial de ATE, Carina Peralta, informó que «fuimos a reclamar estabilidad laboral y no tuvimos ninguna respuesta positiva. Lo único que recibimos fueron amenazas, y nos señaló que si empezábamos un plan de lucha, Verna se iba a acordar bien. No nos dio respuesta y solo nos dijo que cuanto ganaran las elecciones él le va a presentar un proyecto a su candidato para que los compañeros pasaran a planta»
«Los compañeros están con mucho miedo de perder el trabajo, por eso decidimos visualizar la situación y comenzar este plan de lucha. Otra cosa que Boninio les dijo que él les daba el contrato como si fuera de favor y que si el quería, las dejaba sin el ingreso. Y muchas compañeras tienen miedo porque en algunos casos son único sostén de familia», agregó Peralta.
Natalí Chávez, trabajadora profesional de la Dirección de Discapacidad, dijo que «hoy somos un total de 100 en todo el ministerio que estamos en estas condiciones y se incumple la promesa que hicieron antes, cuando afirmaron que a partir de la ley 2871 no iba a haber más monotributistas»
«Trabajamos en un ministerio donde nuestro rol es garantizar los derechos de las personas con discapacidad, de los niños y niñas, de adolescentes, de adultos mayores, de las personas que sufren violencia, y lo paradójico es que nosotros tenemos nuestros derechos vulnerados», añadió.
El contrato que hoy tienen es de 1 año y vence el 31 de diciembre, por lo que temen perder el trabajo a fin de 2019 ante un eventual cambio de signo partidario o de políticas.
«Los funcionarios hicieron 3 categorías divididas entre operadores, talleristas y profesionales, con montos de contrato que van de 14.000 a 22.000 pesos. De ahí tenemos que pagar el monotributo, ingresos brutos y los profesionales sus matrículas, las cajas profesionales», enumeró.
Oyarzún dijo que «estamos pidiendo una reunión seria en la que no vamos a permitir que Bonino maltrate o manipule a las compañeras. En esa reunión queremos discutir la forma en que se van a pasara a planta permanente», cerró.
