La medida prevé la cesión de recursos a las obras sociales mediante el Fondo de Asistencia de Emergencia e intereses de parte del dinero colocado en bonos Bonar y de los pagos e intereses de la deuda de la empresa OSDE con el Estado.
En el marco de la presión de diversos sectores sociales sobre la CGT para convocar a un paro general, el Gobierno firmó un decreto a través del cual incrementó los fondos para las obras sociales sindicales.
El decreto 251/2019 sobre Cobertura Universal de Salud apunta a descomprimir el malestar de algunos sectores del sindicalismo, y lleva la firma del presidente, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Entrará en vigencia a partir de este martes.
Según precisó Ámbito Financiero, el acuerdo se terminó de cerrar hace unas semanas, horas antes de que la central anunciara una movilización conjunta con sectores opositores para el pasado 4 de abril.
La medida no solo prevé la cesión de recursos a las obras sociales mediante el Fondo de Asistencia de Emergencia e intereses de parte del dinero colocado en bonos Bonar y de los pagos e intereses de la deuda de la empresa OSDE con el Estado, lo cual suma un monto de $ 13.000 millones, sino además la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (Agnet).
«Implementar, reglamentar y administrar los recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, destinando todos los recursos disponibles para la cobertura de subsidios por reintegros y por prestaciones de alto impacto económico y/o que demanden una cobertura prolongada en el tiempo y, asimismo, para la adquisición y provisión de insumos, dispositivos y de medicamentos de alto impacto económico», reza el escrito.
Ya en junio de 2018, el Gobierno había implementado una medida similar para contener a la central obrera y evitar un paro nacional. En esa ocasión se trató de un subsidio por $ 4.500 millones que no fueron transferencias directas del Estado sino fondos que en adelante podrán usar las obras sociales.
