El diputado provincial, Darío Hernández, presentó un proyecto que establece la prohibición de aplicación de glifosato en radios menores a 3.000 metros vía aérea o 1.500 metros vía terrestre en áreas urbanas de La Pampa.
El proyecto señala en su primer artículo que: “Prohíbase la aplicación aérea dentro de un radio de tres mil metros (3000 m) del límite de las plantas urbanas de Municipalidades y Comisiones de Fomento del producto glifosato. La prohibición se extenderá dentro de un radio de mil quinientos metros (1500 m) cuando la aplicación sea terrestre. Las prohibiciones anteriores regirán también en relación a los establecimientos educativos rurales de la provincia”.
Entre sus fundamentos destacó que ya es “conocida la polémica instalada en relación al uso del glifosato o productos herbicidas que tengan dicho principio activo en nuestro país y en el mundo”.
Se refirió a los recientes fallos judiciales en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Pergamino: “han reavivado el tema En efecto, el Juez Federal Dr. Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás, Bs. As.) ha determinado la prohibición, como medida cautelar, de las fumigaciones aéreas a menos de 600 metros de los barrios periféricos de Pergamino, a partir de un informe elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que detectaron 18 agrotóxicos en el agua que consume la población, a través de la red urbana”.
“En similar sentido, se ha expedido el juez federal de Entre Rios, Pablo Ferreyra, que validaba una ordenanza de Gualeguaychu (Nº 12216/13) que declaraba a la ciudad “Libre de Glifosato”. Por su parte, el Presidente Mauricio Macri ha considerado el fallo insólitamente como ‘irresponsable’, a raíz de que pone en riesgo más del 20 % de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia”.
“En igual sentido el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet dictó el Decreto Nº 4407/18 por el que se reducían las distancias establecidas por la justicia (a 500 m las aéreas y 100 m terrestres) y que fue declarado parcialmente nulo por el Poder Judicial”.
Comentó que “En suma, la pelea de fondo es entre los pooles sojeros, el estado nacional, los diferentes estados provinciales y algunos municipios por un lado, cuyos recursos provienen del cultivo de la soja y de las retenciones que en consecuencia perciben, y por otro, la gente que sufre las consecuencias de esta actividad que produce millones de dólares, pero también cáncer, malformaciones y afecciones en la piel”.
Recordó que desde 2015: “la OMS consideró cancerígeno ‘probable’ al glifosato por resultar un perturbador endocrino, aunque la opinión no es admitida en forma unánime. La empresa multinacional Monsanto sin embargo, lo ha comercializado a través del producto “Round Up” que ahora pasó a manos del gigante BAYER. En este panorama se impone que las instituciones, entre ellas, el Poder Legislativo, tomen partido por la salud de la gente sancionando normas que prohíban las fumigaciones aéreas con glifosato, dentro de determinados límites”.
Finalizó sosteniendo que “Vale mencionar que hace muy pocos días un tribunal de California ha condenado al grupo Monsanto a pagar 81 millones de dólares a un jubilado que sufre cáncer, por negligencia en relación al uso de glifosato marca ‘Round up’. En La Pampa la Ley N° 1173 y su Decreto reglamentario N° 618/90 establecen límites aún insuficientes, a nuestro criterio, para las actividades señaladas”.
