Esta mañana el Ministerio Público Fiscal llevó adelante la réplica a la defensa de los represores en el juicio Subzona 1.4 segunda etapa.
El fiscal Leonel Gómez Barbella y el secretario Federico Iparraguirre fueron los encargados de establecer el derecho a réplica de la exposición en defensa de los acusados. Ratificaron lo actuado en el proceso y pidieron la unificación de las penas.
Planteó en principio que fue reiterativa como poner en tela de juicio el número de los 30.000 desaparecidos y que “pareciera que se intenta destruir la identidad nacional de los oprimidos para ponerle la del opresor”, tras el proceso de reorganización nacional.
Los planteos de las defensas fueron divididos en grupos: la supuesta ausencia de prueba, lo que tiene que ver con la supuesta calificación errónea de la imputación de la figura del genocidio, la desaparición de personas y el número de desaparecidos, el planteo de la retroactividad en relación a los crímenes juzgados, la obediencia debida, y otras ramificaciones de estos.
Sobe la calificación de los hechos ventilados en la categoría de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, “no debe tener acogida por el Tribunal”, planteó el fiscal.
“Quedó acreditado que hubo un plan sistemático represivo llevado a cabo por la estructura militar del Estado”, aclaró y amplió diciendo que esto también ocurrió en La Pampa como parte del despliegue nacional.
Sobre la “imprescriptibilidad”, Gomez Barbella dijo que “antes de la comisión de los delitos de lesa humanidad juzgados existía una norma en el ordenamiento jurídico que las declaraba imprescriptibles” y que el derecho internacional vino a introducirse a la regla existente.
En relación al planteo de la obediencia debida, dejó en claro que todos los engranajes formaron parte activa, en base a la escala jerárquica que detentaban al momento de los hechos.“Hay que aplicar esta tesis referida a todos los aquí imputados”, planteó.
A su turno, Iparraguirre se refirió a la problemática referida por las defensas sobre la idea del “testigo único”. Familiares, allegados contemporáneos a quienes en muchos casos hoy no se encuentran posibilitados de brindar su testimonio. “Tenemos que señalar que esta circunstancia no puede ser utilizada para garantizar la impunidad de quienes han sido responsables de los peores crímenes”, sostuvo.
Además, dijo que los hoy imputados “operaban en la clandestinidad” y “borrando toda evidencia posible” para poder después reconstruir la verdad material. “Esta es la verdad que debe prevalecer siempre frente a la verdad procesal, porque estaríamos avalando la incongruencia planteada por sus defensores. Esto es que debería poder acreditarse con registros legales y públicos que las fuerzas armadas y policiales actuaron de manera ilegal y clandestina”, añadió.
De hecho, las defensas de los acusados plantearon que no hubo centros clandestinos de detención y tortura, y su comparación con otros delitos de lesa humanidad como la apropiación de personas que si ocurrieron en otras dependencias de otras provincias. “Las ubicaciones de las dependencias que fueron utilizadas como centros clandestinos eran públicas. Pero que no era público y notorio las detenciones ilegales, las torturas, las salidas nocturnas para padecer tormentos tampoco. Esto no podría haberse llevado adelante en un verdadero Estado de Derecho”, dijo.
Iparraguirre citó el voto del juez Triputi en el fallo del primer histórico juicio en 2010 en el que echa por tierra el planteo de “atemporalidad” de las acusaciones por su improcedencia.
Algunos de los planteos de las defensas y de los propios represores en pedido de testimonio, decían que estaban haciendo cursos en la Escuela de policía, que no estaban en la Seccional Primera, que no sabían que había presos de la Subzona 1.4, que no sabían que pasaba en la planta alta (donde se torturaba a las víctimas), en algunos casos que no sabían que ocurría a nivel nacional, o en el caso del médico Pérez Oneto que puso en duda los testimonios de las víctimas torturadas o familiares de estos, porque con años más tarde, con el advenimiento de la democracia fueron sus pacientes.
Sobre esto, la fiscalía dijo que “entonces tendríamos que concluir que quienes han declarado en todas las etapas mienten” y que “además se han puesto de acuerdo para coincidir en circunstancias elementales como lugares, situaciones, personas involucradas, entre otros”. “Nadie habría hecho nada en ningún lugar”, citó.
Gómez Barbella se refirió a la crítica de las defensas por la “ausencia de prueba”. Dijo que “puede ser que algunos imputados ya hayan sido condenados y se enfrenten a la posibilidad de una nueva sentencia. Pero siempre fueron juzgados por hechos nuevos, distintos a los del objeto procesal anterior, por lo que dejamos planteado aquí la unificación de penas para los imputados. En aquella sentencia del 2010, se dejó plasmado que había otras personas que fueron víctimas y por la cual se las trajo nuevamente a debate”.
A su vez, recordó que se está camino a una tercera etapa del juicio Subzona 1.4 y que para este proceso “esos hechos no estaban firmes al momento de ser elevados a juicio”.
Las víctimas que declararon fueron sometidos a un descrédito por parte de las defensas. “Durante el transcurso del debate, se intentó convencer de que había distintas categorías de víctimas, o una más creíble que otra. Como si una fuese más respetable que otra. Se dijo que uno era un conocido delincuente, otros conocidos militantes, entre otras cosas. Las víctimas son víctimas, no hay categoría de víctima de primera, de segunda, con tal o cual oficio”, dijo el fiscal.
“Sin importar el origen o costumbre, las víctimas no quisieron pasar por todo lo que pasaron, ni sus familiares. Los suplicios a los que fueron sometidos contra su voluntad. Esto lo preguntamos cómo esto había modificado sus vidas. A la gran mayoría le llevó dejar sus estudios, trabajo, exiliarse en algunos casos”, expresó.
El Ministerio Público Fiscal ratificó todo lo expuesto durante el proceso y pidió la unificación de las penas.
