El empresario Néstor Rosón, dueño del galpón desalojado la semana pasada y por el cual quedaron en la calle dos jóvenes con una historia de vida marcada por el abandono estatal, comunicó que insistirá con su reclamo contra quienes considera responsables.
En una carta enviada a este medio, Rosón señaló:
El día jueces pasado, la Dra. Agustina Menéndez y la oficial de Justicia Estefanía Sánchez, con una orden del Secretario Aragonés ingresaron por la fuerza a mi propiedad de calle Farinatti 255, echando a la calle a Matías Maldonado y Kevin Gómez (jóvenes que estaban en situación de calle y por quiénes se había interpuesto un AMPARO en la Justicia, que aún no está resuelto, y a quiénes les había permitido quedarse en ese domicilio).
Este caso es por un juicio laboral en General Pico, plagado de ilegalidades y delitos.
Al respecto, la Jueza Juan y el Secretario Aragonés habían sido denunciados penalmente en el Fuero Federal por defraudación al Estado (Nacional, AFIP concretamente), ya que estoy inhibido por dicha repartición y ambos magistrados firmaron una resolución contraria a la ley diciendo que se proceda al remate SIN NOTIFICAR A LOS INHIBIENTES (o sea, directamente sin notificar a AFIP). Pedimos la nulidad de todo lo actuado, denunciamos a ambos magistrados, apelamos la medida y los recusamos. Pero éste no es el único delito. Mintieron en los edictos judiciales, no me notificaron nunca de las resoluciones que terminaron en esta situación, etc etc etc.
Dejan en la calle a dos jóvenes que vivían en un galpón que fue rematado
Al respecto, y al 18/03/2019 (fecha en que falleció mi abogado) NO ESTÁBAMOS NOTIFICADOS de ninguna resolución respecto de nuestros planteos de nulidad, de recusación y otros. Y desde esa fecha hasta hoy yo no estoy notificado de ninguna resolución respecto de nuestros planteos.
Resolveré todas las medidas que hacen a mi derecho, pero por sobre todas las cosas, ampliar las denuncia penales sobre todos los funcionarios actuantes, e incluso sobre todos los funcionarios de AFIP, si es que no actuó en este caso. Porque AFIP también recibió mi denuncia de que se la estaba ignorando ex professo, en una clara defraudación al Erario Público Nacional, que es quien tiene la prioridad para cobrar cualquier dinero que resulte de la venta del galpón que es de mi propiedad.
Como siempre, la difusión de los delitos cometidos por funcionarios públicos, con el agravante de que son funcionarios JUDICIALES, es primordial en la defensa de un Estado de Derecho.
