A las 14 de este lunes, de feriado puente con fines turísticos, entre 50 y 70 familias ya habían decidido instalarse en los terrenos municipales ubicados a la vera de la calle Gobernador Duval, hacia el noroeste, en dirección al predio de disposición final de residuos.
Las realidades son distintas, pero tienen un patrón de necesidad común: “no se puede pagar más el alquiler, se trata del alquiler o comer”, repiten los y las distintas protagonistas de la toma de tierras que surgió por decisiones individuales pero que más pronto que tarde se convertirá en una organización de un pueblo dispuesto a conseguir con sus propias manos lo que esta democracia liberal no le garantiza.
En especial, desde que la derecha convenció a muchos de los pobres o de clase media en que se podía vivir mejor, logró su voto, y que a poco de asumir, mostró su verdadera cara, la del voraz que tiene, y cada vez quiere tener más.
Es la misma clase gobernante, bajo la promesa de un cambio, que decidió que La Pampa no necesitaba viviendas sociales porque no tenía villas. Y cortaron la decisión política que tomó el gobierno anterior, de construir 1.000 viviendas nuevas por año.
Una avalancha. Durante meses, fueron unas pocas familias las que tomaron la decisión se asentarse en esas tierras donde estuvo El Salitral, varias décadas atrás. Desde hace 10 días, se convirtieron en una decena, en dos decenas, y durante el feriado largo, fueron varias. Algunos dicen que 50, otros que ya pasan las 70 familias.
Ya queda corto y no describe la realidad decir que las tierras se encuentran entre la Gobernador Duval, Neuquén, Suipacha y Niñas de Ayohuma. Por largo, superaron esta última calle y se acercan a la senda que lleva al relleno sanitario de la ciudad.
En autos, en camionetas, en motos. Las personas se acercan, buscan un lugar libre, lo marcan y prenden fuego para facilitar la limpieza. Siempre algún familiar cuenta con un vehículo. Traen maderas, ollas, algunas chapas y las palas, esas que los que no imaginan vivir una vida así, repiten a los 4 vientos que lo pobres no quieren agarrar.
“Yo me quedo acá, no me sacan. Si quieren que me vaya, que construyan viviendas sociales. Y si no lo pueden hacer, que nos den las tierras, con la tierra nosotros nos arreglamos para levantar una piecita y un baño”, cuenta uno de los jóvenes que atiende a Plan B sin abandonar las paladas para limpiar el terreno.
“No da para más”, dice una mujer que comparte un mate con el cronista. “No hacen viviendas sociales, para que te la den tenés que tener un montón de hijos y de años de espera. Yo me pregunto como hace una familia con muchos hijos, una vez que le dieron la casa, para poder darles de comer y educarlos”, agrega.
Sin perder la alegría. Un grupo que recién acababa de marcar su parte de la tierra, sonríe ante la cámara. Son pibes y pibas que andan entre los 20 y casi los 30. Mirá, sácame la foto con la pala, pide el más chico entre las risas de sus pares. Posa para la cámara y lo piensa pero no lo dice: “ven que agarramos la pala”.
A pocos metros hay un cuenco de la laguna Don Tomás que la municipalidad usó cuando tuvo que desagotar, tras la inundación de 2017, el parque recreativo. El agua está baja y necesita que la comuna haga la obra para llevarla hasta el Bajo Giuliani.
Se corrió la bola. Esta mañana el intendente Leandro Altolaguirre se quiso mostrar comprensivo de la situación social, pero aclaró que luego de negociar, se presentará en la justicia a pedir el desalojo. En el asentamiento, ya lo sabían. Y ya empezaron a temer, por si mismos, pero en especial, por los niños y las niñas, que son la amplia mayoría de los ocupantes.
“No tiene policía provincial ni municipal, pero nos pueden mandar la gendarmería”, dice uno de los hombres que ya tiene marcado con un hilo, y desmalezado el pedazo de terreno donde quiere construir una pieza y un baño.
La decisión está tomada y la van a defender, pero se saben vulnerables ante los cascos, escudos antidisturbios y armas de fuego. Pero enseguida llega el alivio: “por suerte acá en La Pampa no ha habido desalojos violentos y a los tiros”. Y es cierto.
Pero tiene un grado de complejidad, la policía la maneja la provincia, que se ha negado a reprimir el conflicto social, pero también está el gobierno municipal, en manos de la versión local de Cambiemos, prestos a defender el derecho de la propiedad como precepto rector de la sociedad.
“Se está analizando el proceder legalmente, previamente invitándolos a retirarse, sabemos de la necesidad que tienen, pero lo que realizaron los va a perjudicar a acceder a una vivienda tanto en el IPAV como a recibir la asistencia social municipal y provincial”, resuenan las palabras de Leandro Altolaguirre.
El feriado largo atenta contra el arrebato justiciero del intendente, pero también contra una rápida respuesta social de parte del municipio y la provincia. La toma de terrenos le cae mal al ciudadano medio, educado bajo los valores de la familia, propiedad y tradición, pero es la más auténtica reacción de un sector cansado de esperar que la copa alguna vez derrame para su lado.
“No nos vamos, que nos den la tierra o una casa”, sencillo, claro y contundente. El deterioro social promocionado con las palabras modernización, reconversión, tiene un alto costo social. Una parte de ese costo, decidió reclamar lo que le corresponde en un contrato constitucional que dice que todos y todas tendrán el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo.
Y están decididos a que deje de ser letra muerta.
