A partir de un pedido de acceso a la información pública de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y tras un reclamo que llevaba más de 6 años, el pasado 10 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación entregó sus declaraciones juradas patrimoniales.
La información entregada se limita exclusivamente a los formularios correspondientes a las declaraciones impositivas de ganancias y bienes personales correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, a pesar de que el pedido comprendía la totalidad de la información sobre cada Ministro desde su asunción en el cargo y sin que se haya hecho pública el resto de la información a cuya publicidad obliga la Ley de Ética Pública. Asimismo, las correspondientes al año 2018 aún no fueron presentadas.
Desde ACIJ señalaron que esto «impide un control adecuado de la evolución patrimonial ni de potenciales conflictos de intereses o conductas inadecuadas de los jueces, algunos de los objetivos que debe cumplir cualquier régimen de publicidad de declaraciones juradas patrimoniales».
En la cima del ranking de los jueces de la Corte más ricos está Carlos Rosenkratz. Según Bienes Personales posee $39,5 millones (casi u$s 1 millón) y según Ganancias unos $24 millones. Sus bienes están en la Argentina. En el periodo que comprendido, por Bienes Personales se puede deducir que su patrimonio se incrementó 75%, mientras que por Ganancias subió 107%.
Le sigue Ricardo Lorenzetti que declaró Ganancias por $ 10 millones en el 2015; $9,6 millones en el 2016, y unos $9,3 en el 2017. Aunque por Bienes Personales el promedio se elevó. Los números reflejan que en 2015 tenía $20 millones, en el 2016 escaló a $22,4 millones y en el 2017 alcanzó $25,7 millones. Además, en dos años el patrimonio en depósitos en el exterior del magistrado pasó del 34,4% del total al 43,5%.
En tercer lugar está Elena Highton de Nolasco, cuya riqueza según formularios de Ganancias es de $12,4 millones y por la declaración de Bienes Personales la cifra asciende a $13,2 millones.
Por otro lado, Juan Carlos Maqueda dijo que en 2017 pagó impuestos a las Ganancias por un fortuna de $5 millones, mientras que al declarar Bienes Personales ostentó un patrimonio de $6,7 millones. Del total de la riqueza, un tercio es en efectivo.
En último lugar aparece Horacio Rosatti, que la declaración de Ganancias no contiene la información sobre su patrimonio neto total de 2017, con lo cual no se sabe la evolución real desde 2015. En el 2016 declaró $2,7 millones. El juez Rosatti sí entregó información de BP: en dos años subió de $1,1 millones a $ 6,9 millones. El otro santafesino de la Corte supo poseer casi la mitad de su patrimonio en el exterior en el 2016. Hoy, no llega al 7% del total.
El Acceso a Las DD JJ de La CSJN by planbnoticias on Scribd
Para ACIJ es «un hecho histórico» la decisión de la Corte que «sienta un precedente de mucha importancia para la agenda de transparencia y acceso a la información pública en el Poder Judicial». Sin embargo, «tal como fue entregada, la información no permite un control adecuado de la evolución patrimonial ni de potenciales conflictos de intereses o conductas inadecuadas de las/os Ministras/os, algunos de los objetivos que debe cumplir cualquier régimen de publicidad de declaraciones juradas patrimoniales».
ACIJ realiza desde hace años pedidos para acceder y publicar las declaraciones juradas de las y los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado. En el caso de la Corte Suprema, esta información se viene solicitando desde octubre del año 2012, sin que la Corte respondiera los requerimientos en forma satisfactoria hasta esta oportunidad.
Luego de la sanción de la ley 26.857 sobre el carácter público de las declaraciones juradas, en el año 2014 la Corte dispuso la creación de un formulario on line para quienes quisieran pedir esta información sobre sus integrantes, pero no puso en funcionamiento efectivo el sistema. ACIJ advirtió a la Corte y a sus integrantes sobre esta situación en diversas ocasiones. Recientemente, en una carta enviada a su actual presidente al momento de su asunción como tal en octubre del año 2018, se le requirió avances en este tema, como parte de una agenda de transparencia y apertura.
«Luego de dos semanas, el 10 de julio de 2019 se realizó una audiencia entre la Dirección de Relaciones Institucionales de la Corte Suprema y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en la que fueron entregadas las Declaraciones Juradas Patrimoniales de sus cinco integrantes correspondientes a los períodos 2015, 2016 y 2017. Las declaraciones entregadas se limitan exclusivamente a los formularios correspondientes a las declaraciones impositivas de ganancias y bienes personales, sin que se haya hecho pública el resto de la información a cuya publicidad obliga la Ley de Ética Pública», relató la ONG.
«La publicidad de las declaraciones juradas de quienes ejercen cargos de relevancia en el Estado es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la administración de los recursos públicos. Esta herramienta es reconocida como una de las más efectivas para prevenir y controlar casos de corrupción y conflictos de intereses, motivo por el cual es una obligación presente en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial y es impulsada por numerosos organismos internacionales», expresó ACIJ.
«Para que este mecanismo sea efectivo, es necesario que las declaraciones patrimoniales sean un reflejo fiel y detallado de la situación patrimonial del/la funcionario/a público/a y de su entorno familiar más cercano durante todo el período en el que duren sus funciones. De lo contrario, es imposible que cumplan con sus objetivos adecuadamente», comunicó.
