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Casa desadjudicada: “Esperemos que no sea una herramienta de negocio y se otorgue a una familia de bajos recursos”

19 julio, 2019
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Desde el Movimiento de Inquilinos Pampeanos, se refirieron a la casa que fue desadjudicada en la calle María del Carmen Campos Casa N°1.989 del barrio Nelson Mandela. Recordaron que ellos ya habían informado hace algunos años que la dueña tenía otra vivienda.

En un comunicado el Movimiento de Inquilinos Pampeanos sostuvo que “Finalmente el I.P.A.V decidió desadjudicarle la vivienda social de la calle María Del Carmen Campos Casa N°1.989 a una persona que ya tenía otra vivienda social en el barrio Aeropuerto”.



Recordaron que “Pasaron casi cinco años que se denunció la situación, casi cuatro que una madre la ocupó y en tan sólo 48 hora la jueza Florencia Maza, no basándose en la Ley Nacional Vigente, sin hacer diferencia entre: Vivienda Social y Propiedad Privado, decidió desalojar a una mamá con sus dos criaturas”.

Continuaron indicando que “Luego, vino el turno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a cargo del Dr. Carola, el que expresó: ‘nosotros hacemos todo lo que la asesoría letrada del I.P.A.V nos dice’. Quienes contestaron en el caso de ésta vivienda: ‘Irregularidad Subsanada’. Al parecer una persona que tiene dos viviendas sociales, que no habita una de ellas y que no es de bajos recursos, para el I.P.A.V es ‘algo normal’ y que ‘merece una segunda oportunidad’, por lo que decidieron que, la vivienda siga en manos de ésta persona y sin habitarla”.

“Luego de varios años, finalmente desde el I.P.A.V recordaron que hay una Ley Nacional Vigente y le quitaron a ésta persona, una de sus viviendas sociales, ahora, esperemos que no se convierta en una ‘herramienta de negocio’ para el I.P.A.V y el sistema político y sea otorgada a una familia de bajos recursos”.

Finalmente esperan que “se intervenga en las diferentes irregularidades que se cometen, porque las viviendas sociales son para Solucionar el Problema Habitacional de una Familia, no para generar un negocio y fraude al Estado”.

Vivienda social de la que desalojaron a una joven madre, lleva cinco años abandonada

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