La toma de terrenos fiscales por parte de personas que no tienen vivienda ni pueden pagar un alquiler, puso en la agenda pública el déficit habitacional. Las propuestas de algunos dirigentes y movimientos sociales para solucionarlo.
La ocupación de terrenos de los últimos tiempos sacó a la luz un problema “dormido” y que conseguía respuestas con la construcción de un millar de viviendas sociales por año, pero no terminaba de satisfacer la demanda total.
Ese problema se agravó con la asunción de Mauricio Macri, cortando esa satisfacción insuficiente al no enviar fondos a la provincia de La Pampa con ese fin. No alcanzaba pero hacía que las personas tuvieran la esperanza de conseguir en el mediano plazo un techo para sus familias.
Aun con los barrios sociales, había varias personas que compartían un mismo techo que no tenía capacidad para albergar a todos. Los que podían, escapaban al hacinamiento pagando un alquiler. Pero eso, por las políticas económicas del mismo gobierno que decidió dejar de construir casas, también dejó de pasar.
Ese combo, entre falta de viviendas y de salarios para pagar una arriendo, explotó en la primera semana de este mes de julio. Los nuevos actores sociales tomaron protagonismo y algunas organizaciones se acercaron para asesorarlos, acompañarlos y compartir experiencias de otros lugares del país.
La oposición, por su parte, presentó un oportunista proyecto político para declarar la emergencia habitacional y dejó sentada una posibilidad de inicio de solución. Entre ese instrumento legal y los casos de otras provincias, podría hallarse la respuesta a la demanda en este nuevo escenario.
Desde el Movimiento Evita La Pampa contaron que en distintos puntos del país consiguieron las tierras fiscales y montaron allí casas de construcción rápida o prefabricadas, que tiene un bajo costo respecto a las tradicionales de los planes FoNaVi.
Incluso, en estos mismos días, municipios pampeanos difundieron en redes sociales que construyen casas de ese tipo: bajo costo y en poco tiempo.
La propuesta de un militante. Un abogado peronista, identificado con Convergencia, se tomó el trabajo de recorrer las publicaciones en las redes sociales y encontró que General Campos, Trenel, Lonquimay o Bernardo Larroudé, recurrieron a empresas de casas prefabricadas para dar respuesta a sus habitantes.
“Durante la actual gestión del presidente Macri, no se realizaron viviendas en nuestra provincia, El intendente Altolaguirre criminaliza la necesidad de acceder a una vivienda propia y no llevó a cabo ni una sola vivienda en lo que va de su gestión, el concejal Villatoro pone a disposición terrenos municipales, el MoFePa presenta proyecto de ley de emergencia Habitacional y en el Centro cívico por ahora; silencio estampa”, señaló Santiago “Yaco” Giuliano.
“Una rápida solución que se me ocurre es la construcción de una plan habitacional (viviendas pre – fabricadas o industrializadas) en el marco de una ley de emergencia habitacional que permita entre otra cosas; reasignación de partidas presupuestarias”, dijo tomando el ejemplo de distintas localidades y de movimientos sociales que en otros puntos del país levantaron esas viviendas.
“Lo positivo, la inmediatez con la que se levantaría un barrio de viviendas sociales y el bajo costo de las casas. Lo negativo que este sistema de construcción requiere menos manos de obra que el tradicional. Obviamente que la ley de emergencia tendría que prever algún sistema licitatorio que nos asegure transparencia y la mejor compulsa de precios. No vaya a ser cosa que algún funcionario vivillo aproveche la oportunidad para hacer negocios con la necesidad de la gente”, añadió.
“Otro dato, estas empresas toman vehículos en parte de pago; se me ocurre por un lado el estado Provincial y municipal tienen una enorme cantidad de vehículos que no son usados ‘productivamente’ (como los que tienen a disposición subsecretarios; directores, jefe, subjefe policial; etc.) Asimismo si uno se detiene a mirar y leer publicidades de este tipo de empresas, todas ofrecen financiación , cuotas fijas y en pesos”, dijo el abogado Giuliano.
“Humildemente creo que ningún funcionario público provincial ni municipal puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo; no es tiempo de seguir tirándose con culpas y responsabilidades; es tiempo de acción; de encontrar una pronta solución para todos los ciudadanos”, finalizó.
