La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la adhesión a la ley Micaela, que propicia la creación de un programa de formación obligatoria de todos los agentes del estado sobre violencia de género.
En su visita a la Legislatura, donde demandó a adhesión a esa norma, la Secretaria de la Mujer,Liliana Robledo, remarcó la necesidad de contar con esta herramienta, que permita también dotar a las reparticiones de un presupuesto adecuado y equipos técnicos, que permitan garantizar la obligatoriedad. “Hay desinterés de muchos agentes del estado, es necesario generar empatía ante situaciones de violencia”, dijo la funcionaria.
El proyecto de adhesión fue presentado por las diputadas Patricia Testa (UCR) y Sandra Fonseca (PJ)
Los puntos principales de la ley Nacional 27.499 – Ley Micaela:
«Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado».
«La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer».
Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por «las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país».
El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley. Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto.
Se considerará como una «falta grave», pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, «sin causa justa», a participar de las capacitaciones.
Las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley serán el Consejo Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Modernización.
La enseñanza será a través de una capacitación obligatoria que se deberá cursar y aprobar anualmente.
