En esta columna de opinión el periodista Javier Urban se refiere a las leyes aprobadas en la Legislatura, destacando la tristemente oportuna adhesión a la ley Micaela. Y también al “gorilismo” que destila el proyecto de la UCR instando a que la patronal deje de pagar los salarios de los trabajadores con licencia gremial.
Lo más resonante de la semana pasó en la Cámara de Diputados. Por un lado debemos habar de las muy buenas leyes votadas el último jueves. Por un lado la bienvenida adhesión de la provincia a la ley Micaela que determina la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. En un contexto de un femicidio diario -¡CUATRO! hubo en el fin de semana- que hay en el país y donde La Pampa, sin tener semejante registro, también ha tenido sus víctimas siempre recordadas, será un importante avance contar con esta normativa porque esta capacitación pondrá en marcha la deconstrucción de un Estado que tradicionalmente no ha sabido y no ha querido proteger a las mujeres. De ahora en más los funcionarios no podrán mirar para otro lado y convertirse indirectamente en cómplices.
Por otro lado, el pase a planta en calidad de empleados plenos de la ley 643 a quienes revistaban en el Estado dentro del «Régimen Laboral de Tiempo Reducido», una suerte de empleados de segunda que tenía el Estado. La desesperación que generó en la dirigencia política pampeana el neoliberalismo de los años 90, llevó a los gobernantes de entonces a implementar regímenes que contuvieron a la sociedad que sufría el desempleo en guarismos parecidos a los actuales. Es así que aparecieron los planes trabajar o entre nosotros que incluso se llegaron a pagar en un club de nuestro medio, donde determinado día del mes concurrían los “beneficiarios” de estos programas a exhibir su condición de pobres formando largas filas para percibir su pago. Eran épocas donde en medio de una campaña electoral se llegó a sortear puestos de trabajo cayendo en la denigración más aberrante de quienes habían quedado fuera del sistema. Prohibido olvidar lo que nos hace el liberalismo.
Después, incluso, se llega hasta nuestros días con la inaceptable categoría de trabajadores monotributistas que le “venden” su trabajo al Estado. Por eso es para celebrar que con esta ley se avance en el saneamiento de esta larga cadena de irregularidades.
Y no menos importante fue la renovación de la apuesta por la educación pública que vuelve a hacer el gobierno provincial al determinar seguir sosteniendo y así darle continuidad a la carrera universitaria de enfermería, en la espera de lo impactante que será en no mucho tiempo la instrumentación de la carrera de medicina.
Y también los legisladores aprobaron, como no podía ser de otra manera, la ley de ministerios, creando las carteras con las que gobernará Sergio Ziliotto. Y ya determinado el organigrama, también podemos adelantar que, por un tiempo al menos, Pablo Bensusan seguirá de ministro de gobierno, justicia y derechos humanos; Horacio Nacho Di Nápoli asumirá en la cartera de seguridad; Diego Alvarez se hará cargo del ministerio de desarrollo social; Mario Kohan seguirá al frente del de salud y Cristina Garello del de educación. Hace tiempo que se sabe de la continuidad de Ernesto Franco en la cartera de hacienda y finanzas y será Juan Ramón Garay el ministro de obras y servicios públicos. La secretaría general de la gobernación quedará en manos de José Vanini, de último momento la confirmación de Tony Curciarello al frente de conectividad y modernización, como así también de la secretaría que atenderá exclusivamente la cuestión sanitaria de Santa Rosa que estará a cargo del ingeniero Julio Rojo y hasta allí los nombres a prueba de desmentida. Luego no se sabe si Ricardo Moralejo seguirá a cargo del ministerio de la producción y la duda estaría dada por una propuesta que estaría manejando el actual ministro, proveniente de Julián Domínguez, que sería próximo integrante del gabinete de Alberto Fernández, y lo invitó a acompañarlo. Algunos sostienen que en el entorno del gobernador electo muchos trabajan para que el nombre de Martín Borthiry pueda ser reconsiderado para ser su eventual reemplazante, aunque por ahora nada indica que Ziliotto lo esté evaluando. Finalmente ninguna certeza hay en cuanto a los nombres que el sucesor de Verna tiene ya decididos -porque seguramente no ha de tener duda alguna a estas alturas- para los ministerios de energía y minería, de asuntos municipales, de cultura, de recursos hídricos, de la mujer, de turismo, y de trabajo y promoción del empleo, donde el nombre de Marcelo Pedehonta nadie puede asegurar que esté en los planes de Ziliotto.
Y dejamos para el final la reveladora iniciativa de los radicales en la legislatura. Reveladora en el sentido de lo degradada, pervertida también se podría decir, que ha quedado la UCR después de este matrimonio que conforma con el macrismo.
Asociada a la pandilla de ladrones que se la pasaron delirando al acusar al kirchnerismo de haberse robado un PBI, lo que objetivamente ha quedado demostrado fue una pantalla para después fumarse, como lo hicieron, nada más ni nada menos, que el préstamo más grande en la historia del FMI y lo hicieron, literalmente, a cambio de nada que haya redundado en beneficio alguno a favor de nadie que no fuera esa banda de inútiles enriquecidos. Sin denunciar, así sea tibiamente, -como para quedar bien por lo menos, lo podría hacer su candidato a diputado nacional Martín Berhongaray que tan complicada la tiene- que esa deuda, la más impresionante de todos los tiempos que gobierno alguno haya contraído con el FMI, termina en la declaración de emergencia alimentaria porque millones de argentinos pasan hambre y hasta mueren de hambre; los radicales de La Pampa, entre ellos Berhongaray que no firmó pero tampoco dijo que se opusiera a semejante proyecto, salen a descalificar la actividad sindical como únicamente antes sólo las dictaduras, que encarcelaban a sus dirigentes, los secuestraban, torturaban y mataban, hicieron.
En una postura que atrasa setenta años, lo menos, salen a pedir la quita de un derecho esencial, que la patronal no les pague más el salario a los sindicalistas elegidos por sus pares para que los representen trabajando todos los días por sus derechos.
Los radicales definitivamente cooptados por la ideología macrista (que si pudiera se cargaría todos los derechos, reforma laboral mediante) se preguntan ¿de qué manera puede justificar alguien su salario sin trabajar? y cuestionan que, según ellos, sea el Estado ‘el empleador’ que fomente eso, y después, los gremialistas los que se sienten a negociar políticas que afecten a los trabajadores, como poniendo en duda la honestidad de los dirigentes sindicales a la hora de sentarse en la mesa paritaria porque priorizarían mantener esa supuesta prebenda antes que negociar en favor de sus pares. Es atroz el gorilismo que destila el proyecto de Ricardo Consiglio desde el bloque radical. Ni el Poly Altolaguirre, que salió a descalificarlo, se anima a tanto. Por eso “¡cómo será la laguna, si el chancho la cruza al trote!, ¿no?”
