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Por Víctor Cheli*. La responsabilidad del funcionario público por daños ocasionados en el ejercicio negligente o ilegítimo de sus funciones debe definirse con precisión en las sociedades donde el Estado asume roles importantes, como es el caso de Argentina.
Cuando no existe un juzgamiento inmediato y práctico de la responsabilidad del funcionario, son los contribuyentes -con sus impuestos-, los que deben soportar los daños producidos aquéllos. Es decir la sociedad toda se comporta como una gran compañía de seguros que indemniza los daños ocasionados por los funcionarios públicos. Por ende si un funcionario actúa con dolo, negligencia o culpa en su trabajo cotidiano, es lógico que repare con su patrimonio la lesión o perjuicios en los derechos o en los bienes del Estado y por ende al pueblo y/o al territorio que lo constituyen.
Es el caso de daños cometido al propio Estado. O sea cuando el funcionario por ejercicio irregular o ilegal daña a un persona (en particular o al colectivo o empresas) a quien el Estado se vea obligado a indemnizar, ya sea espontáneamente, por ejemplo, mediante los mecanismos de subsidios a la pobreza e indigencia creada por el mismo gobierno o por daños que son de efectos diferidos, como por haber producido un endeudamiento masivo e irresponsable del Estado o haber fuertemente limitado de modo irrazonable las exportaciones o ampliado importaciones, haber dilapidado los dineros públicos en beneficio de unos sectores o empresas y en perjuicio de otros, creando masiva exclusión social, cierres de empresas, despidos, etc.
La responsabilidad personal de los funcionarios públicos hace a la armonía social, porque no es justo, ni legítimo que la comunidad y sus sectores más vulnerables tengan que afrontar cuantiosas indemnizaciones, por pago directo o indirectamente a través del establecimiento de elevados impuestos, inflación, devaluaciones etc., por causa de la negligencia de uno o varios funcionarios que no hicieron bien su trabajo.
Si de la función pública se trata, no podemos dejar de considerar la gravísima situación económico-social que transita hoy nuestro País, que lamentablemente la mayoría del pueblo debe soportar por ese accionar de quienes gobiernan. Día a día descubrimos que los cargos o empleos públicos, en sus más alta jerarquías, son ejercidos por los Funcionarios del Gobierno, con total irresponsabilidad e impericia y, peor aún, mediante el uso de artilugios legales como los Decretos de necesidad y urgencia violando la Constitución y las leyes y eludiendo a las instituciones políticas, como los Poderes legislativos y Organismo de control del Estado. Obviamente dejamos a salvo la honra y capacidades de aquellos buenos funcionarios o empleados públicos, que con idoneidad y responsabilidad cumplen con sus deberes.
Pero por otro lado, la Coalición hoy gobernante, que dijo que había designado el mejor Gabinete de los últimos 50 años, instaló en cargos Ministeriales a individuos que carecen de la idoneidad necesaria, en su casi totalidad ex -CEOS de empresas, que se montaron en el poder y no solo desnaturalizaron la verdadera esencia de la función pública, sino que a partir del irregular e ilegal ejercicio de sus cargos, se beneficiaron del mismo, y generaron gravísimos perjuicios al pueblo de la Nación en general y a sus organizaciones sociales y también a los Organismos bajo su dependencia, como Universidades, Institutos de investigación, educativos, de salud, servicios sociales, etc. todos destinatarios y receptores de sus innumerables errores y acciones ilegítimas.
Pero, insistimos, es bueno saber que el accionar irregular de los funcionarios y el daño que causan y causaron con el mismo, no está exento de consecuencias. Los funcionarios públicos están sometidos a diversas responsabilidades. Algunos por la índole de su cargo, tienen en principio, responsabilidades políticas, pues pueden ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones o por violar la ley o la Constitución Nacional. Otros, además tienen responsabilidades administrativas, derivadas del incumplimiento o violación de deberes específicos propios de la función que desempeñan. También están sujetos a responsabilidad penal, en el supuesto que el accionar configure alguno de los delitos previstos por el Código Penal o por la de más leyes especiales en la materia.
Y finalmente, como ya lo hemos señalado deben responder civilmente en forma personal y con su patrimonio, por los daños y perjuicios que causen, en ocasión o con motivo del ejercicio del cargo o empleo que ejerzan. Y, por aplicación del Código Civil deberán soportar las más graves consecuencias quienes tengan un mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, porque a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Es válido aclarar, que si el funcionario causa un daño, mientras actúa cumpliendo en forma regular sus obligaciones legales, es decir, acatando lo que le ha sido impuesto por una manda legal, en principio, solo responde el Estado.
De esta forma queda claro, que al menos en materia de responsabilidad civil, los malos funcionarios o empleados públicos, que aún sin cometer delitos, causan daños a las personas por su actuación irregular, es decir, apartándose de las obligaciones, deberes y cargas que le impone la ley y sus reglamentos, no pueden ocultarse en el Estado para evitar responder con su patrimonio personal frente a quienes han damnificado.
Por eso, el Estado si se viera afectado por los daños causados por los Funcionarios, deberá obligatoriamente demandarlos y solicitar inmediatamente que se dis¬pongan las medidas preventivas sobre su patrimonio, para que afronten con sus bienes particulares las consecuencias de sus actos dañosos. Seguramente, si como ciudadanos o desde las empresas que se hubiese vistos perjudicadas, hacemos sentir nuestra presencia con el reclamo a los malos funcionarios públicos, estos deberán asumir sus roles o afrontar las consecuencias de su falta de compromiso y responsabilidad. Así, colaboraremos también, para que la función pública recobre el prestigio de otros tiempos y los buenos funcionarios y empleados públicos tengan la recompensa de su esfuerzo.
*Ricardo Víctor CHELI
