Foto: Francisco Sánchez Valassina
Así lo solicitó el fiscal Santiago Márquez Gauna durante la segunda y última jornada del juicio de cesura. También pidió que el médico se capacite en perspectiva de género. Además solicitó 1 año y 8 meses de prisión en suspenso. La sentencia se conocerá el 4 de octubre.
La fiscalía cipoleña solicitó hoy un año y ocho meses de prisión en suspenso para el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado por impedir que una joven víctima de violación acceda a un aborto no punible en el hospital Pedro Moguillansky.
También solicitó al tribunal el doble de tiempo de inhabilitación -3 años y seis meses- para que ejerza como médico; y ciertas pautas de conducta específicas que promueven, en el caso, la necesidad de que el condenado se forme y capacite en perspectiva de género, señala la crónica del diario LM Neuquén.
Concretamente, el fiscal Santiago Márquez Gauna le pidió al juez Alvaro Meynet que realice un curso de consentimiento informado, otro relativo a la aplicación del protocolo de interrupción de embarazo y que lleve a cabo varias capacitaciones para obtener la perspectiva de género en el ámbito de la salud.
En relación a la víctima, hubo un planteo de la fiscalía para que Rodríguez Lastra no se le pueda acercar; solicitó que el imputado fije un domicilio y se presente cada tres meses ante la Justicia.
El próximo viernes 4 de octubre el juez dará a conocer la pena que le cabe al ginecólogo declarado culpable por obstruir un aborto legal.
El caso
El juicio inició el 13 de mayo pasado y tuvo tres audiencias testimoniales y una de alegatos. El propio ginecólogo abrió y cerró el debate con sus palabras, mientras que la víctima declaró como testigo en la primera audiencia y a puertas cerradas.
Según los hechos, la joven ingresó el 2 de abril del 2017 al hospital cipoleño luego de haber consumido pastillas de Oxaprost con un proceso abortivo en curso. Días antes las profesionales del hospital de Fernández Oro habían solicitado la derivación a Cipolletti para interrumpir el embarazo, pero el ginecólogo exigió un informe psiquiátrico, un requisito no establecido en la ley, por lo que se interpretó como una negación a la asistencia sanitaria.
La joven consumió de manera particular pastillas de Oxaprost para provocarse un aborto, y debió ser atendida.
Permaneció dos meses y medio internada en Cipolletti a la espera de la interrupción que nunca llegó. Según expresó la legisladora Marta Milesi, quien impulsó la denuncia, la joven estuvo retenida contra su voluntad para que pueda dar a luz al bebé.
La joven fue sometida a una cesárea y el bebé dado en adopción de forma inmediata. Ella sufrió un daño irreparable en su psiquis que la llevó a cuadros graves de anorexia nerviosa e intentos de suicidio.
El Ministerio Público Fiscal estuvo presidido por Santiago Márquez Gauna y Anabela Camporesi, quienes afirmaron en su acusación que “el ginecólogo hizo todo lo posible para no hacer la ILE pese a que en ese entonces no era objetor de conciencia”, por lo que lo definieron como un obstructor.
