La Municipalidad de Santa Rosa tiene una deuda de características astronómicas por no cumplir con una sentencia judicial. Si Duran Barba supiera esto, diría que “se robaron 1 o 2 PBI” y “casi 6 presupuestos”.
El gobierno de Leandro Altolaguirre se va de la gestión con la deuda más grande de la historia de la ciudad de Santa Rosa. Es cierto que a poco de asumir le estalló en sus manos un conflicto que generó Luis Larrañaga. Pero, el que no cumplió, fue el intendente de Juntos por el Cambio.
El 28 de diciembre de 2015 la justicia obligó a la comuna local y a la empresa Autobuses Santa Fe a garantizar la accesibilidad en el transporte público de pasajeros para todas aquellas personas con movilidad reducida, sean o no personas con discapacidad.
Ese día se le fijó una multa acumulable de 2 mil pesos diarios que actualizado al día de hoy, supera los 9.500 millones de pesos (y contando). En total, deben 20 mil millones de pesos: 10 mil la MSR y 10 mil la empresa.
En conferencia de prensa, Horacio Ali, presidente de la Fundación Acción, Teresa Pinto, presidenta de LiPaDi y Mario Lonegro, presidente de la Fundación Caleuche, reclamaron que la Municipalidad de Santa Rosa cumpla con el fallo y tenga un sistema de transporte público accesible.
“Hace 4 años quedó firme la sentencia por el que la justicia hizo lugar a nuestro amparo para que hubiera un transporte público accesible y pudieran viajar en él las personas con movilidad reducida. Además recordemos que se adjudicó la licitación en contra del dictamen de la comisión porque entre otras cosas la empresa no cumplía con este punto”, dijo Alí.
“A cada rato hacemos memoria de este tema y el 28 de diciembre de 2015, en el día de los inocentes, la nueva gestión municipal nos llamó para informarnos que desistián de apelar a la Corte Suprema, porloque el fallo quedó firme. Debían cumplir la sentencia en 30 días para poner los colectivos adaptados en Santa Rosa y si no cumplían tenían una multa diaria que se actualiza cada 30 días en una forma de interés compuesto y creo que nadie pensó en la multa. Ni nosotros lo hicimos”
Lo concreto es que la sentencia no se cumplió, salimos a buscar un abogado nuevo porque los que estaban no podían seguir representándonos, y ahora contratamos a Iván Alarcón. Con él comenzamos esta etapa para ver si se puede terminar con este tema”, añadió.
“La cuenta que nosotros hicimos de lo que tienen que pagar y da una suma estratosférica. Cada una de las partes debe 9.500 millones de pesos por incumplimiento y al mes de junio, lo que sigue aumentando día a día. Nosotros no hicimos esto por una multa o por una cuestión económica, lo hicimos por una cuestión de derechos”, indicó.
Por último, los referentes de las Organizaciones No Gubernamentales explicaron que lo que quieren es que se cumpla la sentencia y se garantice el derecho a contar con un transporte público accesible para todas las personas, las con discapacidad y las de movilidad reducida incluidas.
