El decreto que frenó las subas por 90 días finaliza el miércoles. Desde las compañías analizan volver a subir antes del cambio de gobierno. La brecha asciende al 15%.
La semana próxima vence el decreto que congeló por 90 días el precio de los combustibles y del barril de crudo y el Gobierno ya tiene la decisión tomada de no prorrogarlo. De hecho, en la práctica incumplió esa norma con los dos permisos de subas que otorgó a las petroleras en los últimos dos meses, de 4% y 5%.
Los empresarios están a la espera de que venza la norma para definir nuevos aumentos de precios, ya que aseguran todavía mantienen un retraso en torno al 15%, y confían en que continúen con la recomposición hasta fin de año, de modo tal de esperar la llegada del nuevo gobierno mejor parados. En diciembre, de hecho, la secretaría de Energía dispondrá un nuevo aumento de impuestos (otro 6%) que se trasladará a los surtidores, pero podría haber antes otra suba de las naftas entre 4% y 5%, dijeron fuentes de la industria.
Del último aumento del 5%, dispuesto a partir del 31 de octubre, casi 1% correspondió a una suba de impuestos (treparon 6%) y el otro 4% “se repartió entre los biocombustibles y las petroleras. “Sería lógico que aumenten algo más para compensar a productores y refinadores y en diciembre vuelvan a ajustar el impuesto”, señalaron desde la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).
El gran interrogante es qué hará el nuevo gobierno con el precio de los combustibles y del barril de petróleo, ya que trascendió de varios interlocutores la intención de potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, pero para que esto suceda las empresas necesitan que se les garantice “un precio razonable”, dicen a coro en el sector.
El congelamiento del precio de los combustibles y el barril por 90 días, dispuesto como parte del paquete de medidas pos PASO, generó una fuerte resistencia por parte del sector petrolero y de los gobiernos provinciales, que se presentaron ante la Justicia con diversos amparos. La primera firma que actuó fue Vista Oil & Gas, cuyo CEO es Gastón Remy, pero luego le siguieron las otras, que presentaron, a través de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), una demanda en reclamo de la inconstitucionalidad de la norma.
Además, todas las compañías pusieron en stand-by sus inversiones en la cuenca de petroleo y gas no convencional neuquina y están a la espera de ver cuáles son las definiciones que adopta el gobierno de Alberto Fernández en materia energética.
