El subsecretario de Trabajo de La Pampa salió a bancar el acuerdo que alcanzaron el SIPOS y el gobierno local de Cambiemos para modificar el convenio colectivo de trabajo para trabajadores y trabajadoras de DAGSA. No tardaron en salir a criticarlo por su intervención. Entre los derechos postergados y la legitimidad política de una gestión desautorizada el 19 de mayo pasado.
Pedehontáa, a coro por varios medios, salió a decir que “a mí me trajeron un acuerdo entre partes, que es legítimo. Aparte de lícito, el acuerdo es a la alta para los trabajadores, genera mejores condiciones laborales”.
Incluso, el funcionario no ahorró dramatismo a la hora de declarar: “como peronista siento vergüenza de que no hayamos prestado atención a tanto tiempo de desgaste de los trabajadores. No nos puede haber pasado desapercibido. Entre todos y con buena voluntad, tenemos que celebrar este convenio”, señaló.
Lo cierto es que como autoridad competente homologó rápidamente el acuerdo, aun cuando apenas había salido del despacho del jefe comunal, Leandro Altolaguirre, y todavía no estaba bajo tratamiento en el Concejo Deliberante.
Con sus razones laborales y jurídicas, el planteo de Pedehontáa es entendible. Pero no deja de llamar la atención la premura en avalarlo y no haber dialogado con el intendente electo, quien tiene legitimidad de mandato popular y político desde mayo pasado. Y a la inversa, dejó de tenerlo el radical Altolaguirre.
El cruce. El abogado Ricardo Víctor Cheli, salió a cruzarlo: “¿Pedehontáa actuando como monje negro homologando lo que está fuera de la competencia del órgano Ejecutivo Municipal que suscribió el Acuerdo paritario? Él como Funcionario público Provincial del área laboral y como abogado NO PUEDE IGNORARLO. Acá no se trata de perjudicar o no a los trabajadores, que lamentablemente quedan en el medio de un conflicto político por un reclamo legítimo”.
“El tema va más allá de lo salarial y sus posibilidades financieras y es que se debe regular en forma integral la prestación del servicio a través de un ente municipal que no esté regido por la Ley 643, sino por un régimen específico y todo eso es facultad exclusiva y excluyente del Departamento Deliberante”, añadió.
“Lo que es claro y evidente es que el Intendente no puede suscribir un Convenio a espaldas del Departamento o Concejo Deliberante porque viola palmariamente la Ley Orgánica de Municipalidades, máxime cuando dicho Acuerdo implica asignación de recursos”, afirmó.
“El presupuesto anual constituye el límite cualitativo y cuantitativo de las autorizaciones conferidas al Intendente o al Presidente del Concejo Deliberante en materia de gastos, si las violan incurrirán en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, indicó.
Tufillo a interna. La intervención de Marcelo Pedehontáa expuso públicamente rumores que circulaban en los corrillos y mentideros políticos: alguien desde el peronismo fogonea a SIPOS y avala a Claudia Giorgis y Leandro Altolaguirre.
Sin poner en discusión el convenio colectivo, que cuenta con el aval del sindicato y se presume que es a favor de los y las trabajadoras, cabe preguntarse por qué Altolaguirre lo apura sobre el final de mandato luego de haberlos tratado de “vagos”, de haber insinuado que son alcohólicos y drogadictos, y hasta que no quieren “agarrar la pala” a quienes ahora dice apoyar y reconocer en su lucha histórica.
Y más aún: ¿por qué una autoridad peronista provincial se mete en el medio a 15 días del cambio de mandato, desautorizando a las personas electas y condicionando su posibilidad de acción política? Los bien pensados dirán que se trata de un reclamo postergado por años y que merece un reconocimiento, sin importar si es al principio o al final de una gestión gubernamental.
Los otros, que algunos empezaron a jugar la interna peronista antes de que se calcen los nuevos trajes de funcionarios locales y provinciales. Incluso, aceptando el argumento de reivindicaciones postergadas durante décadas, ¿qué cambia 15 días antes?
En el medio, una ciudad que se encuentra en emergencia sanitaria, cuya crítica situación cuesta creer que solo de deba a una deficiente reglamentación laboral.
