Ricardo Cheli, abogado e integrante del Frente Ciudadano, envió a Plan B una nota de opinión sobre el cambio de autoridades presidenciales en Argentina.
La nota completa, consigna lo siguiente:
“ Hoy comienza el futuro venturoso, lejos de las ideas y acción neoliberal, cuando a pesar del odio de los profetas de la desigualdad nos decidimos con alegría a iniciar nuevamente este camino de la reconstrucción de una nación libre, justa e igualitaria como elemento sustancial de un estado soberano para nosotros y para nuestra posteridad y para ser factor de unidad con todos los pueblos hermanos de la Patria Grande latinoamericana.
En este orden, siempre encuadramos nuestros pensamiento ideológico en la ideas de Dn. Arturo Jauretche, quien con su maestría y sencillez nos enseñó a desentrañar y develar lo que está oculto a los ojos profanos y que detalla en su conocido libro escrito en el año de 1957, “Los profetas del odio”, donde explica los resortes culturales y educativos y el uso de los medios que aplica la derecha liberal (hoy el pos neoliberalismo) para sembrar y fortalecer las condiciones que aún nublan el entendimiento de la realidad a grandes sectores de la sociedad. Son los que desde que el Macrismo asumiera el poder, no sólo trabaron al genuino desarrollo económico y afectaron el bienestar del pueblo, sino que trataron de imponer el engaño institucionalizado. Y lo hicieron con la ayuda de una Justicia genuflexa, el blindaje de los poderes mediáticos que azuzaban el odio social y la persecución política de los opositores y mediante el uso de artilugios legales como los Decretos de necesidad y urgencia violando la Constitución y las leyes y eludiendo a las instituciones políticas, como el Poder legislativo y los Organismo de control del Estado.
Ya en una nota anterior, sostuvimos que el Estado debe demandar a los funcionarios públicos para que respondan con sus patrimonios por los daños que causaron en el ejercicio irregular o ilegítimo de sus funciones. La responsabilidad del funcionario público por daños ocasionados en el ejercicio negligente o ilegítimo de sus funciones debe definirse con precisión en las sociedades donde el Estado asume roles importantes, como es el caso de Argentina.
Cuando no existe un juzgamiento inmediato y práctico de la responsabilidad del funcionario, somos los contribuyentes -con los impuestos y la inflación-, los que debemos soportar los daños producidos por aquéllos. Es decir la sociedad toda se comporta como una gran compañía de seguros que debe “indemnizar” los daños ocasionados por los funcionarios públicos que se retiran sin responder por los perjuicios causados. Por ende si un funcionario actúa con dolo, negligencia o culpa en su trabajo co¬tidiano, es lógico que repare con su patrimonio la lesión o perjuicios en los derechos o en los bienes del Estado y por ende al pueblo y/o al territorio que lo constituyen.
La responsabilidad personal de los funcionarios públicos hace a la armonía social y la sociedad argentina no puede ni debe hacerse cargo del grave endeudamiento masivo e irresponsable del Estado que generó el Gobierno de Macri y sus funcionarios, los de hoy y los que se fueron antes. Se van, sin pena ni gloria, pero procurando hacerle creer a los argentinos que no tuvieron responsabilidad alguna (política, criminal o civil) en sus desastrosa gestión cuando el resultado de la misma ha afectado derechos humanos esenciales tales como el acceso a los bienes más indispensables como la comida, la vivienda digna, la salud y la educación, por sólo citar los más trascendentes para la vida. Pero que nadie se equivoque, no fueron “errores”, el macrismo vino a aplicar su ideario conservador más rancio, eliminando derechos para que las grandes mayorías quedaran definitivamente hundidas en la pobreza e indigencia y así poder someterlas a sus intereses y designios, como hoy sucede en Chile o en Bolivia y otros países latinoamericanos.
Hoy es una día de alegría popular y especialmente para quienes siempre defendimos este modelo nacional, popular y latinoamericanista. Por eso cabe festejar la llegada de un gobierno que se ajusta a ese proyecto, pero como ciudadanos -sobre todo- cabe festejar que la democracia está viva y permitió sortear todos los escollos que el Macrismo y sus socios pusieron en el camino. De modo que es nuestra obligación exigir a los funcionarios de los tres poderes del estado que se juzgue a quienes llevaron al país a este estado calamitoso y se sepa qué se hizo con la multimillonaria deuda externa que dejaron. Sólo así la política y los políticos podrán superar el desprestigio que hoy los embarga y los buenos funcionarios y empleados públicos podrán tener la recompensa de su esfuerzo con el reconocimiento popular”.
*Ricardo Víctor Cheli
