La Asociación de Fiscales, se refirió a la denuncia contra la fiscal de General Pico, Laura Rufini, y la jueza de Control Jimena Cardozo, por restringir “indebidamente la libertad personal” de Santiago Barabaschi. Destacan que “es un ataque a la autonomía de los Fiscales y la independencia de los Jueces”.
El Diario La Arena publicó que el abogado José Aguerrido presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra la fiscal de General Pico, Laura Rufini, y la jueza de Control Jimena Cardozo, señalando que incurrieron en una irregularidad al restringir «indebidamente la libertad personal» de Santiago Barabaschi.
Aguerrido dijo que a su defendido se le dispuso la prisión preventiva, y que solicitó su revisión “en varias ocasiones”, las cuales no fueron aceptadas.
Barabaschi estuvo detenido con prisión preventiva desde el 6 de julio de 2018 luego que se le iniciara una causa penal por la presunta violación de una joven.
Cabe destacar que en octubre el Superior Tribunal de Justicia, cumpliendo con el precepto constitucional del debido proceso y acatando lo que dice expresamente el Código Procesal Penal de La Pampa, hizo hoy lugar a la acción de hábeas corpus formulada por la defensa de Santiago Barabaschi y ordenó su inmediata libertad, aunque con una serie específica de restricciones en sus movimientos.
Frente a la denuncia la Asociación de Fiscales hizo un comunicado que dice lo siguiente:
La Asociación de Fiscales, frente a la denuncia a uno de los miembros del Ministerio Publico Fiscal y a la mediatización de dicha denuncia, advierte un claro ataque a la autonomía de los Fiscales y a la independencia Judicial.
Los dictámenes o pedidos de la Fiscal A. Ruffini, como una de las partes del proceso, están siempre sometidos al control judicial y no tienen otro fundamento que el apego a la ley y los fallos previos que la interpretan. En este sentido, la posición adoptada por la Fiscal, avalada por el Querellante Particular de la victima y confirmada por la Juez de Control J. Cardoso tenían apoyo en un fallo del Tribunal de Impugnación Penal y su confirmación por el Superior Tribunal de Justicia de diciembre de 2015, donde por un robo en despoblado y banda, después de 2 años y 2 meses de detención sin sentencia firme, se confirmo la continuidad de la prisión preventiva.
Ahora, con un cambio de criterio por parte del Superior Tribunal de Justicia, admitiendo un Habeas Corpus para este imputado y frente a un delito contra la Integridad Sexual sostuvo y ordeno la libertad del imputado, por haber superado 1 año y 3 meses de detención.
Es claro que las motivaciones de la Fiscal no fueron otras que garantizar el éxito de la investigación, pretendiendo que la libertad del imputado no entorpeciera el nuevo juicio, tal cual lo sostuvo en dicho sentido la Juez de Control y como era criterio sostenido en anteriores fallos, del Tribunal de Impugnación y del Superior Tribunal de Justicia.
En dicho sentido, el mismo Superior de Justicia dijo: El respeto debido de la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de precautorias que sean necesarias no solo para asegurar el éxito de la investigación sino para garantizar en casos grave que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de una eventual condena por la incomparecencia del reo. Se trata en definitiva de conciliar el derecho del individuo de no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente . La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse del delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro.
Por ello, advertimos de la denuncia y su mediatización, un ataque a la autonomía de los Fiscales, a la Independencia de los Jueces y una muestra de la pretensión de desacreditar la función judicial.
