
El gobernador de La Pampa convocó a sesiones extraordinarias para el miércoles 5 de febrero. En el momento en que comunicó esa decisión al vicegobernador, Mariano Fernández, y a los presidentes de bloques, se comprometió a que iban a contar con las iniciativas el lunes 3 de febrero.
El 21 de enero pasado el primer mandatario se comprometió a tratar dos temas que le pueden provocar una crisis a poco de iniciar su gestión. Es conocido el coro de voces de intendentes molestos por el reparto de fondos y las quejas de colectivos, organizaciones y personas a título individual por el envenenamiento de la producción agropecuaria.
El 30 de enero, a poco de anunciar que modificaría esas dos leyes, el gobernador prohibió la comercialización de agroquímicos porque no estaba garantizada la protección de la salud.
Si bien la decisión se tomó por el incumplimiento de la Fundación Campo Limpio, que debía construir un lugar para depositar los bidones vacíos de agrotóxicos, el sector agropecuario reaccionó en banda contra la medida.
Además, tuvo otros defensores de los más variados sectores: los legisladores radicales de Juntos por el Cambio, Francisco Torroba y Marcos Cuelle, el exdiputado macrista Maximiliano Aliaga, la Asociación Agrícola Ganadera y hasta el Partido Socialista La Pampa.
Pero con la medida, tampoco quedaron conformes los colectivos que luchan por la preservación del medioambiente. El marcado hermetismo sobre la letra fina del proyecto habilita que se especule con una decisión que lo enfrenta con ambos sectores y no opta por la preservación del modelo basado en los agrotóxicos o la propuesta de generar un sistema de transición cuyo objetivo final sea la producción sana, sustentable y sin veneno.
Más sana, pero no menos conflictiva. La otra discusión que el gobernador abrirá desde esta semana, tiene que ver con el reparto de los fondos coparticipables con las 80 localidades pampeanas.
En la Legislatura hay varios exintendentes que conocen al dedillo la forma en que se distribuyen los fondos que la provincia recauda. Lo que se va a discutir es un nuevo índice que trate de conformar a la mayor cantidad posible de municipalidades, pero siempre se discutirá sobre la misma masa coparticipable.
El presidente de la bancada oficialista, Julio González. lo resumió en una frase: “donde crece las coparticipación para un intendente, decrece otro”.
En más de una ocasión los que más se han quejado son los intendentes de las localidades mayoritarias porque se consideran discriminados por la relación de población – servicios y coparticipación.
Ziliotto les pidió que se tomen el tiempo necesario porque considera que dos leyes tan importantes deben salir del consenso de la representación legislativa y de la participación de los actores sociales involucrados. Espera que a final de 2020 estén sancionados los dos nuevos instrumentos legales.

