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Ricardo Cheli: “Agrotóxicos. Un proyecto con muchas falencias y pocas soluciones”

14 febrero, 2020
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Ricardo Cheli, abogado y miembro integrante de la Asamblea Ambientalista Pampeana, se refiró en una nota de opinión al proyecto de Gestión Integral de los Plaguicidas que comenzó a debatir la Cámara de Diputados de la Pampa.

La nota completa, detalla lo siguiente:

“El Proyecto de Ley presentado por el P.E. provincial denominado “LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGUICIDAS EN EL TERRITORIO DE LA PAMPA”, que comenzó a tratarse ayer en la Legislatura pampeana, seguramente cargado de buenas intenciones, presenta un verdadero desequilibrio en lo vinculado a cuáles son los derechos-valores primordiales que el Estado ética y legalmente (art.6° y 18° Const.La Pampa) debe proteger, o sea el ambiente, la salud y  la vida de todos los habitantes de La Pampa.




En el mensaje de elevación del proyecto esos derechos se alegan retóricamente,  pero los principios fenecen en el articulado del texto legal, en tanto expresamente el Proyecto parte de la hipótesis que los “plaguicidas” son indispensables para la producción agrícola y sólo apunta a proteger la salud de los involucrados en el proceso de uso y manipulación (“agricultores y las personas que trabajan con esos productos” dice), de la salud del resto de la población nada.- O sea la mirada no se pone en el centro de gravedad de la cuestión que son las “causas” que dan origen a la afectación del ambiente, sino en proteger los intereses económicos (“la producción”, dice el Proyecto), de quienes se valen de los agrotóxicos, (que el Proyecto eufemísticamente denomina como “plaguicidas” “sustancias químicas” y/o “fitosanitarios”, demostrando esta falta de uniformidad de nombres que el mismo fue elaborado -como se dice habitualmente- “copiando, cortando y pegando”.

Con este Proyecto, en un  país que produce alimentos como el nuestro, los usos de los agrotóxicos se deben ir eliminando paulatinamente pues, de lo contrario, nos quedaremos sin mercados donde vender la producción de vegetales, pues el mundo hoy busca aquéllos que son derivados de producción orgánica (sin venenos) y son los que mejor se pagan. Con esta ley, que se preocupa más de los bidones que de su contenido, se apunta a defender el lucro de un sector minoritario rifando el porvenir de la mayoría, en definitiva del propio país, en franca violación de lo que la Constitución nacional dispone en su art.41 cuando señala que el Estado debe proteger un ambiente sano donde las actividades productivas garanticen ese derecho “sin comprometer a las generaciones futuras”.

La solución debe venir de la mano de una decisión política de cambiar el modelo de producción y este Proyecto de ley que se propone,  sólo resulta un paliativo para seguir sosteniendo el paradigma del “agronegocio” en su totalidad, pues no habla del cese de la actividad contaminante, ni siquiera en el largo plazo.

Es un mito que no se pueda producir sin agroquímicos, hoy ya más de 80 países en el mundo lo están haciendo, el problema central es de enfoque y planificación. O sea que existe otra opción para producir y es la agroecología. Puede que esto no sea lucrativo para las empresas que los fabrican, pero los productores podrían producir gastando la mitad, sino utilizaran la cantidad de agrotóxicos, con los que hoy fumigan y a la postre ganarían más y esto está probado ya en nuestro país. Por ejemplo, el Glifosato, se usa especialmente para producir soja y ese cereal casi no es consumido en Argentina, ni en otros países –China- que la importan para alimentar cerdos, pero su “deriva” contamina al resto de los vegetales y a las napas de agua y causa daños a la salud, que –además- debemos afrontar económicamente todos a través del servicio público de salud y de la obras sociales.

No ingresaremos al análisis puntual del articulado, pues se expondrá –si somos convocados- en el ámbito de la Cámara de Diputados, pero sí señalar, desde ya que establecer un sistema de “triple comando” como autoridad de aplicación de ley (Ambiente, Ministerio de la Producción y Ministerio de Salud) a lo que se agregan la de los Municipios, no sólo constituye un verdadero dislate desde lo administrativo, porque la autoridad debe ser una sola, porque de tal modo, el control no sólo se burocratiza, sino que también se licúa la responsabilidad.

También el proyecto genera un sistema que tiene una logística que depende completamente de la voluntad responsable de cada operador de los agrotóxicos (que hasta ahora no se ha demostrado, todo lo contrario) y diluye las obligaciones entre las tareas que asigna a cada uno, expendedores y/o distribuidores, usuarios, aplicadores y en menor medida los transportistas y asesores técnicos. Y, curiosamente (o no tanto) NADA LE OBLIGA AL FABRICANTE DE LOS AGROTÓXICOS. Creemos que la gestión de los envases vacíos de agrotóxicos tiene que ser llevada adelante de principio a fin por el Estado.

El Proyecto tampoco trata el financiamiento imprescindible en cualquier ley que genera gastos e inversiones y al margen, entendemos que los fabricantes, los grandes comercializadores y grupos de productores que los usan, son los que mediante el pago de una tasa o impuesto especial deben financiar completamente el tratamiento de esos envases. Obsérvese que el “triple lavado” de los envases lo deja en manos del productor (grande o pequeño) y le da un año para cumplir con la tarea y no se prevé que ese operador deba tratar el agua utilizada contaminada en la tarea. ¿Y a dónde va a parar el agua? A las napas freáticas, a los acuíferos, a las lagunas y donde los hay a los arroyos o ríos.

Para concluir cabe preguntarse entonces ¿Cuánto crecimiento económico de una Provincia justifica la leucemia cientos de personas o de niños nacidos con malformaciones, el desarrollo de cáncer, de hipotiroidismo en una persona? ¿Cuánto cuesta nuestra salud? ¿Quién y cuándo decidió que la vida se puede medir en términos económicos?

Ahora las y los Legisladores pampeanos tienen la responsabilidad de dar las respuestas a esas preguntas que se hacen miles de pampeanos y que están expectantes de ver como se sanciona una ley que no se quede en las buenas intenciones y les garantice efectivamente el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado”.

*Ricardo Víctor CHELI – Miembro integrante de la Asamblea Ambientalista Pampeana

 

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