Desde el gremio ATE pidieron una reunión con el intendente Luciano di Nápoli para tratar los despidos de tres personas. De no tener respuestas, harán la denuncia en la Subsecretaría de Trabajo.
El Consejo el Consejo Directivo Provincial de ATE La Pampa realizó una conferencia de prensa y se refirió a los despidos en la Municipalidad de Santa Rosa.
Liliana Rechimont, secretaria de prensa, Blanca Oyarzún, secretaria gremial y Alicia Toranzo como secretaria de Derechos Humanos, informaron sobre la situación ocurrida en el municipio de Santa Rosa.
“Hemos convocado a esta conferencia de prensa para que se tome conocimiento público de la situación que atraviesan compañeros y compañeras despedidos de la municipalidad de Santa Rosa en esta nueva gestión”, dijo Liliana Rechimont.
“Vemos con preocupación que gobierno que cambia, reprime o despide compañeros y compañeras que entraron en una gestión en otra, en un modelo que se viene repitiendo desde hace muchos años en la municipalidad de Santa Rosa y también se ha vivido en el ámbito provincial, donde cuando cambian las gestiones de los ministros, también despiden a compañeros y compañeras”, agregó.
“Queremos manifestaron en contra de los despidos, gobierne quien gobierne. ATE tiene una postura ante eso y no hacemos distinción política partidaria, los compañeros son trabajadores y trabajadoras y todo el mundo tiene el derecho a tener un trabajo digno”, manifestó la secretaria de prensa.
Por su parte, Blanca Oyarzún se refirió a la posición de la municipalidad, que sostiene que se trata de desvinculaciones. “Cuando hablan de desvinculación, hablan de un contrato. Un despido es cuando estás en planta permanente con derechos plenos, pero los compañeros estaban con contratos equiparados a la ley 643, la mayoría estaba llegando a los seis meses, donde tenían la posibilidad de pasar a planta”.
“Lo que denunciamos es la irregularidad de los despidos, donde no hubo una causal, no hay ningún informe negativo para que los compañeros sean despedidos y lo más grave es que una compañera recién había tenido un hijo y quedó sin obra social, totalmente desamparado, después de un tiempo de haber estado en contrato equiparado”, dijo Oyarzún.
“Lo que vamos a denunciar son las irregularidades: una es que se han violado todos los derechos internacionales laborales y no se tomó en cuenta el Decreto Nacional 034 del año 2019, donde se habla de la Emergencia Pública en materia ocupacional. El gobierno de Santa Rosa, es de la misma gestión y línea política que el gobierno nacional y por seis meses se decretó a nivel nacional que no se podía despedir a nadie, por estar en emergencia laboral, el gobierno municipal de esta ciudad, ha despedido al menos a tres compañeros, que son los que están afiliados a nuestro sindicato”, agregó Oyarzún.
—¿Puede haber más despidos?
—Nosotros tenemos un relevamiento de cinco. Hay un compañero que fue por la vía legal privada y a otro compañero que se lo restituyó. De los otros tres, una compañera está recién parida, con una bebé de meses y se quedó sin obra social. Creemos que esto tiene que ver con una cuestión de derechos. Hablamos de un gobierno que en las elecciones hablaba de defender al pueblo y no está demostrando esto en este momento.
Hemos pedido reuniones formales a las cuales no hemos tenido respuesta. Por eso estamos denunciando esta situación irregular. Si para el lunes no hay una reunión o una solución a este problema, lo vamos a denunciar a la secretaría de trabajo de la provincia.
—¿Hay un hijo de un ex funcionario?
—Uno de los chicos despedidos era hijo de una ex funcionaria. En realidad, en todas las gestiones, hay gente que entra porque es amigo o familiar y no lo cuestionamos. Este chico no era funcionario, hacía una tarea específica. Otra irregularidad tiene que ver con la notificación de los despidos, nunca se les notificó por nota. Se les dijo que no fueran más a los sectores, porque si seguían yendo, se iba a agravar el problema Nunca se notificaron por nota y ellos no se notificaron de los despidos. Toda la situación es irregular, antigremial y amén de que los compañeros no estaban en planta permanente y ellos hablan de desvinculación, nosotros hablamos de un derecho que tiene a un contrato equiparado, que por lo menos la cesantía sea por medio de una notificación o por lo menos mediante una nota formal, informando que se les terminó el contrato.
—¿Les sorprende que sea este gobierno el que despide?
—Nos sorprende porque son tres trabajadores. No van a provocar un desfasaje en el municipio tres trabajadores que estaban cobrando un contrato equiparado de la ley 643. Planteamos sostener la fuente de trabajo. Hay una ley nacional donde el gobierno municipal pertenece que dice que por 180 días no se puede dejar a nadie sin trabajo y el gobierno municipal está haciendo estas cosas.
—Si no hay causales y no produce un desfasaje, ¿qué creen que hay detrás?
—No sabemos, por eso queremos tener una reunión. Nosotros hablamos con SOEM y ellos plantean que di Nápoli no los iba a reintegrar. Nosotros alegamos las irregularidades de los despidos.
Consultadas sobre si al tratarse del hijo de un ex funcionario, no habría una proscripción, Liliana Rechimont dijo que “puede tomarse como una persecución, esto que habla la compañera en cuanto a la violación de derechos humanos de trabajadoras y trabajadores, donde hay una ley que impulsó el gobierno nacional, donde adhiere el gobierno municipal y el gobierno provincial y los compañeros y compañeras ingresaron bajo la órbita de otro gobierno y otra línea política, roza toda violación de derechos”.
“Me parece que el hilo se corta por lo más delgado y siempre terminamos pagando las disputas políticas, trabajadoras y trabajadores. Cuando se hace mención al hijo de una funcionaria, para nosotros es un trabajador. El compañero tiene madre o padre que quiere y tiene derechos como ciudadano de tener un trabajo y tuvo la posibilidad. En La Pampa, no ingresamos a los puestos de trabajo por nivel intelectual o desempeño que tenemos, la realidad es que en La Pampa y en Argentina, se ingresa porque se tiene un conocido, o alguien le hizo la campaña a alguien, esta es la realidad de todos los gobiernos de todas las líneas políticas”, agregó.
—¿Eso no tiene que tener algún corte?
—Nosotros no avalamos eso, pero no vamos a arremeter contra una compañera o compañero. La ley, el estatuto es claro, deberíamos entrar por concurso. Ese párrafo no se aplica. Nosotros, este año vamos a pedir que los ingresos sean por concurso, como reza la ley. Esto es histórico, de años en La Pampa y en todo el territorio de Argentina. Se tiene que terminar la persecución, sos de tal o cual partido, terminar con este tipo de cosas.
—¿Hay ingresos en esta gestión?
—Oficialmente, no.
Por otra parte, la secretaria de Derechos Humanos, Alicia Toranzo, agregó: “estamos haciendo hincapié desde lo gremial, darle importancia a la estructura de trabajador o trabajadora en La Pampa, y evitar que cuando se renuevan los gobiernos, se respete la estructura de la planta de estados provincial o municipal, cosa que normalmente no se hace”.
“Desde lo gremial vamos a poner énfasis, teniendo en cuenta los Derechos Humanos, tratados, convenciones, que hay una gran irregularidad de conocimiento administrativo, porque más allá de que uno tenga un contrato de 180 días y poder pasar a planta permanente, deberían haber sido notificados”, dijo.
“Según nos cuentan los compañeros, han sido amenazados, en una gran violación de los Derechos Humanos, porque en principio todos tenemos derecho a la defensa y ser oídos. Desde los gremios vamos a poner hincapié, desde lo gremial, que se nos respete como trabajadores. Que los funcionarios se acostumbren a respetar la planta administrativa en todos los aspectos. Hay que ponerle un límite al estado. Ustedes son los funcionarios, funcional para una etapa, pero se debe respetar lo que es el Estado, que es la continuidad a lo largo del tiempo”, afirmó.
“Vamos a hacer hincapié en esto, decirle al intendente que ha tenido una gran violación de los Derechos Humanos, que no tiene en cuenta que hay una situación de vulnerabilidad y falta de trabajo en el país y que tres trabajadores a él no le repercuten económicamente, y tampoco esa declaración que no iba a dar marcha atrás. Debería replantear esta situación y volver a sus lugares, darle la oportunidad. O decirle que no cumplió el requisito de idoneidad por esto y esto, darle causales. No dieron la oportunidad de defenderse y desde lo gremial, vamos a reclamar, hay una violación de derechos humanos, teóricamente en el Estado tenemos el principio de estabilidad laboral”, afirmó Toranzo.
—¿Harán también alguna denuncia de tipo penal o judicial?
—En principio no, luego veremos. Acá está Derechos Humanos y veremos cuáles son los parámetros para cuidarnos a todos como trabajadores y trabajadoras. Queremos aclarar que apostamos a la vía del diálogo, mandamos una nota, pero no hemos tenido respuestas del Ejecutivo Municipal. Por eso queremos una reunión inmediata, para explicar si hay elementos que puedan comprobar que los compañeros se merecían de ser despedidos de esta forma irregular.
No sé qué pensará el SOEM. Mientras tanto hay tres personas sin trabajo. Una compañera que fue despedida el 1 de enero, que está lactando y está sin obra social. Y en la situación del país, donde venimos de un gobierno neoliberal, dejar a una mamá con un bebé en esta situación, raya en violar un Derecho Humano.
