El MST La Pampa repudió los casos de apremios ilegales en la provincia que involucran a la Policía de La Pampa y exigió la renuncia del ministro de Seguridad, Horacio Esteban Di Napoli.
La semana pasada se dieron a conocer una serie de casos de supuestos abusos policiales por parte de efectivos de Santa Rosa, General Acha y General Pico. El funcionario decidió no tomar medidas al respecto y dejar que el Ministerio Público Fiscal investigue los hechos.
Frente a esto, el MST pidió su renuncia y también señaló la responsabilidad política del gobernador Sergio Ziliotto.
El comunicado:
Desde el MST en el FIT-Unidad repudiamos enérgicamente el accionar represivo de las fuerzas policiales de la Provincia de La Pampa y la nula respuesta por parte de los funcionarios a cargo.
En estos días el ministro de Seguridad declaró que no tomaría medidas “arbitrarias” sobre los policías implicados, le aclaramos que el personal bajo su orden viene cometiendo arbitrariedades en las principales localidades desde inicios de la cuarentena.
Las últimas semanas se hicieron públicos casos de palizas, “bailes”, incluso escopetazos con balas de goma por parte de la policía provincial, pero en los últimos días el nivel de violencia tomó otros niveles; al caso de General Acha donde un joven de 28 años tuvo que ser trasladado al Hospital Lucio Molas luego de “aparecer” esposado, golpeado e inconsciente en su celda y que hoy lucha por su vida por los golpes recibidos en la cabeza, o el caso de los detenidos en la Seccional 2da de Santa Rosa que denuncian haber recibido palizas nocturnas y hasta picanazos, ahora se suma la denuncia de un joven que luego de ser levantado de la vereda de su casa, recibió una golpiza (de la cual sufrió una quebradura y multiples hematomas) y fue obligado a punta de pistola a firmar un papel para poder ser liberado. No hay justificación alguna para estas prácticas, que no buscan garantizar la seguridad de la población sino más bien infundir miedo y amedrentamiento en los barrios populares.
Exigimos la renuncia del ministro de seguridad Horacio Esteban Di Nápoli, y responsabilizamos al gobernador Sergio Ziliotto. Pero estos no son hechos aislados de ésta institución que, fiel a su historial represivo y torturador, actúa en tándem con la policía de otras provincias y según lo indicado por el gobierno nacional: “ser inflexible con quienes violen la cuarentena”.
Las manifestaciones del Presidente Alberto Fernández en este sentido vienen siendo constantes y tienen un fin, derramar la absoluta responsabilidad del avance del Coronavirus a los “tontos” que no cumplan la cuarentena para no asumir la responsabilidad que tiene el estado al mantener el mismo presupuesto miserable asignado por Macri cuando la salud tenía el grado de Secretaría. A pesar de sus declaraciones donde también aseguro que sería inflexible con los “vivos” que especulan y los “miserables” que despiden, la realidad es que los primeros siguen especulando con los elementos de higiene e incluso los productos de la canasta básica sin recibir mayores multas, y los segundos a pesar del decreto presidencial siguen despidiendo, tal es el caso por ejemplo del magnate Paolo Rocca dueño de Techint que finalmente despidió a los 1450 trabajadores, o la petrolera Pecom que en los últimos días despidió a trabajadores petroleros en nuestra provincia. Esto último demuestra que en la práctica hay un criterio clasista para aplicar la nombrada inflexibilidad.
Las desigualdades ante la ley se hicieron más que evidentes en estos días donde la justicia tomó la decisión de brindarle la prisión domiciliaria al torturador Reinhart conocido como “el carnicero” quien fue el encargado de secuestrar y torturar con picanazos durante la última dictadura militar.
¡Libertad condicional a las personas presas por violar la cuarentena y sin condena firme! ¡Cuarentena perpetua y en cárcel común a los represores que cometieron delitos aberrantes, de lesa humanidad! ¡Picanazos Nunca Mas!
La seguridad que necesitamos en este momento no van a venir de las fuerzas que guardan impunes múltiples casos cometidos hasta la fecha, la policía del gatillo fácil, la Gendarmería del gendarme carancho y de la desaparición en democracia, no son quienes van a concientizar sobre la necesidad de la solidaridad y el cuidado mutuo.
La seguridad sanitaria no se consigue con recortes de derechos y libertades democráticas. Por eso proponemos que todos los operativos que tengan por objeto garantizar nuestra seguridad ante la pandemia deben ser dirigidos por autoridades y/o personal sanitario basado en las redes de Atención Primaria de la Salud que existe en todo el país y aplicados por civiles con instrucción sanitaria, bajo ninguna condición con portación de armas.
