El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa manifestó que hubo víctimas de apremios ilegales y vejaciones en el marco de los procedimientos de detención, que también criticaron por «injustificado» y sin intervención de un juez.
Además reclamó un protocolo de actuación concreto para no realizar detenciones innecesarias y respetar los derechos de las personas.
El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de la Pampa manifestó preocupación por la forma en la que el Ministerio de Seguridad lleva adelante el control del cumplimiento de la cuarentena.
«Hemos advertido distintas denuncias que revisten gravedad. Sólo a título ejemplificativo, decimos que se están produciendo detenciones y secuestros vehiculares que tienen como característica principal el apartamiento a los principios de racionalidad y proporcionalidad en las medidas adoptadas por la autoridad policial. En algunas circunstancias, hasta se habrían producido apremios ilegales o vejaciones a personas detenidas. Pero en general, detectamos que se recurre a la demora injustificada sin intervención real y efectiva de un juez», expresó en un comunicado el CAPLP
«Todo lo anterior vulnera de manera grosera los derechos humanos de los habitantes, a la vez que contribuye a socavar la credibilidad en los distintos organismos estatales, generando desconfianza y crispación social. Nada bueno puede provenir de semejante estado de cosas», aseveró.
Por estas razones, el Colegio de Abogados reclamó la elaboración de un protocolo de actuación «suficientemente concreto para evitar interpretaciones punitivistas, o la adopción de las recomendaciones hechas por la PROCUVIN al respecto. Ello a fin de evitar detenciones y secuestros vehiculares innecesarios, y el respeto por los derechos humanos en todo tiempo y lugar».
Asimismo, requirió que «se evite alojar a personas demoradas -por desobediencia al aislamiento previsto en el DNU Nº 297- en comisarías o dependencias policiales que no contengan la infraestructura necesaria para evitar la propagación del virus y/u otros conflictos mayores». Esto porque «se tiene conocimiento que se encierran personas en celdas sin respetarse, entre otras, ninguna medida sanitaria de prevención del COVID19 (varias personas por celda, ausencia de guantes y/ barbijos, etc.). Con lo cual el remedio aplicado (la demora con inconstitucionales fines disuasivos) contribuye a agravar el riesgo sanitario», expresó.
«Que la Provincia de La Pampa esté primera en la lista de detenciones relacionadas con el control de la cuarentena (si no en cantidad, si en proporción a sus habitantes), dista mucho de ser un motivo de orgullo sobre el funcionamiento y la actividad llevada a cabo por la policía y los fiscales. Más bien habla de que en otras jurisdicciones se manejan otros niveles de razonabilidad», sostuvo el CAPLP.
«Se está abusando de manera notoria de la previsión legal que permite demorar personas sin orden judicial. Y el estado de indefensión se ve agravado por encontrarnos los abogados imposibilitados de atender a las víctimas de estos abusos, por tener que cumplir las medidas de confinamiento obligatorio. De modo que quienes ejercen el poder punitivo estatal se encuentran en situación de virtual ausencia de controles exógenos», manifestó el Colegio de Abogados.
«Recalcamos que la Constitución Nacional continúa vigente, siendo precisamente en tiempos de emergencia cuando mayor celo debe ponerse en su respeto, ya que los derechos humanos que consagra y protege se encuentran en mayor riesgo de ser violados», finalizó.
