La Fiscalía de General Acha formalizó este viernes a los cuatro policías acusados de presuntas vejaciones contra el joven Francisco Vivandelli, cuando estaba detenido en la Alcaidía local por incumplimiento de la cuarentena obligatoria en reiteradas oportunidades.
El joven de 27 años había sido trasladado de urgencia al Hospital Lucio Molas de Santa Rosa con traumatismo cerebral, a raíz de un fuerte golpe que sufrió cuando estaba alojado en la dependencia policial. La policía había dicho que se tiró de la cucheta donde dormía, pero la familia acusó a la policía.
Vivandelli debió ser operado dos veces de la cabeza por un coagulo que se formó por la violencia del golpe y que le movió el cerebro. El muchacho aún permanece internado en terapia con una grave afectación neurológica.
La audiencia se desarrolló esta mañana por videoconferencia y estuvo a cargo del juez de Control Diego Asín.
La representación fiscal estuvo a cargo de Juan Bautista Méndez y Raúl Miguez, integrantes del grupo que dirige el fiscal general Jorge Amado. Durante la sesión repasaron la investigación que se hizo desde la detención hasta el momento en que Francisco debió ser internado. Allí mencionó que las doce personas detenidas en el mismo pabellón y que fueron entrevistadas, junto a otras tres que habían estado detenidos, «coincidieron en que el joven Vivandelli se autoprovocó las lesiones en su cráneo determinantes de su internación, sin que en ello tuviera participación ninguna otra persona», y aclaró que los testimonios fueron aportados tras haber tomado «las medidas necesarias para que en ese momento los testigos pudieran expresarse sin temor y para otorgarles seguridad después de su participación».
«Según todos los relatos, Francisco estaba solo en su celda cuya puerta estaba cerrada con candado y en un momento se arrojó de cabeza desde lo alto de la cama cucheta (una tarima de cemento de un metro y medio de altura). En ese momento el resto de los detenidos llamó a la guardia y cuando ingresaron al pabellón los encargados, el joven se levantó y subió nuevamente a la cucheta, desde donde volvió a arrojarse de cabeza. Recién en esa segunda ocasión la guardia policial se encontraba dentro del pabellón, pero siempre fuera de la celda ocupada por Vivandelli, que en todo momento permaneció cerrada con candado», relató.
Imputación de los policías a cargo
De acuerdo a la investigación, los policías que estaban a cargo del joven cuando se produjo el hecho fueron imputados «porque a medida que se avanzaba con las entrevistas a los detenidos, del relato coincidente de varios de ellos surgió que el mismo día 28 de marzo alrededor de las 7 horas, es decir 10 horas antes, en momentos en que se disponían a realizar el cambio de guardia, habrían sacado a Vivandelli de la celda y también del pabellón y lo habrían trasladado hasta el patio interno, donde habrían obligado a hacer gimnasia y lo habrían agredido físicamente mediante golpes en la cara, lo que le habría producido un hematoma en el párpado superior del ojo izquierdo y eritema en arco supraciliar derecho».
Por esto, el Ministerio Público Fiscal decidió calificar los hechos de forma provisoria, como «constitutivos del delito de severidades y vejaciones en los términos del art. 144 bis Inciso Tercero del Código Penal y solicitó la prisión preventiva de los imputados sustituida por medidas de restricción y prohibiciones de contacto dirigidas a asegurar el normal desarrollo del proceso y la seguridad de los testigos».
Por su parte, Alejandra Lezcano López y Omar Gebruers, partes querellantes, adhirieron a la formalización realizada por la Fiscalía y agregaron que «consideraban que además debía imputarse a los cuatro efectivos policiales el haber presionado moral y psicológicamente a Vivandelli, habiendo provocado su caída desde el sector superior de la cama cucheta sufriendo lesiones gravísimas. Calificaron esos hechos en los términos del art. 144 ter inc. 1º y 3º del código penal.».
La defensa de los imputados, a cargo de Raúl Lanz y Miguél Angel Rolando, no se opuso a la formalización de la investigación. Ambos sostuvieron que «de la prueba reunida surge claramente que el hecho investigado no puede llevarse al nivel de gravedad de la tortura y que todo indica que las lesiones gravísimas que sufrió Vivandelli fueron provocadas por él mismo sin participación de los imputados».
El juez Asín tuvo por formalizada la investigación en los términos solicitados por la Fiscalía y la parte querellante y dictó la prisión preventiva de los cuatro imputados, sustituida por prohibiciones de restricción y contacto con los posibles testigos. Además ordenó la realización de diversas pruebas solicitadas por las partes.
