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Ya no será necesaria tanta burocracia para que las personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas. El trámite será sencillo por la ventanilla única del ANSES.
Durante el macrismo, 120.000 personas con discapacidad recibieron cartas documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se les comunicaba, a algunos, que su pensión no contributiva había sido dada de baja ya otros se los intimaba en un plazo perentorio,a que su médico de cabecera ingresara a la página de la AFIP cargando datos e informes de salud,que se encuentran amparados por el secreto profesional. Para realizar posteriormente un trámite personal en la ANSES para finalmente obtener un Certificado Médico Digital. Era una misión imposible.
La política de ajuste fiscal había llegado hasta este colectivo y se dio de baja a la mayor cantidad de pensiones posibles y frenar nuevas solicitudes. Con ese criterio de ahorro se dejaron de pagar los alquileres a 80 locales en las provincias de atención al público; y de paso se ahorraba el sueldo de 120 empleados que atendían a las personas con discapacidad y sus familias.
Lo grave del caso fue también la estigmatización que buscaron instalar los funcionarios de la gestión anterior: “pensiones truchas”, “clientelismo”, “acomodo” y otros epítetos que declararon a la prensa. Poniendo en estado de sospecha a toda persona con discapacidad.
En lugar de controlar eficientemente el sistema de otorgamiento de pensiones no contributivas se organizó una Auditoria (cuasi policial) Médica que acumuló más de 100.000 expedientes en los sótanos de la ANDIS y mucha angustia en la población afectada.
Pero todo esto quedó atrás -aunque ahora haya que implementarlo- con la Resolución número 134/20 redactada por la doctora Paula Martínez, Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas y Claudio Espósito Director Ejecutivo de la ANDIS.
Ya no será necesaria tanta burocracia para que las personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas. El trámite será sencillo por la ventanilla única del ANSES.
Otra resolución que cambia drásticamente los criterios anteriores de evaluación es la número 8/20 donde se establecen nuevos criterios para determinar el otorgamiento de las pensiones no contributivas. Se trata de contemplar la situación socio-económico y de vulnerabilidad de los solicitantes; y no solo el porcentaje de invalidez que se establecía hasta ahora, de tener una incapacidad física o intelectual total del 66% o más, precisa la nota de Víctor Ramos en Perfil.
Por otra parte estaban al borde de la quiebra centenares de instituciones de y para personas con discapacidad dedicadas a la rehabilitación integral y al traslado, con deudas de seis a doce meses de atraso. Esta situación llevó a intervenir, al comienzo de su mandato, al propio presidente Alberto Fernández y al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, de quien depende el área de discapacidad. En esa oportunidad, recibieron en casa de gobierno a distintas organizaciones no gubernamentales que actúan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
