La actividad consistirá en hacer un relevamiento de las publicaciones abiertas que se hagan en distintos tipos de redes sociales y que puedan configurar un delito. La medida apunta a detectar maniobras ilegales con insumos sanitarios así como ataques informáticos a hospitales y centros de salud.
A través de la Resolución 144/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó el «Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas».
El Gobierno nacional creó este martes el «Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas», a través del cual definirá normas para detectar actividades ilegales en internet relacionadas al coronavirus.
El protocolo estará vigente mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria por el Covid-19 y las cuatro fuerzas federales tendrán un plazo de 20 días para designar a cada funcionario encargado de «ajustar» a las regulaciones vigentes de cada cuerpo todos «los principios, criterios y directrices generales» de la resolución.
De acuerdo a la resolución, la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval tendrán sectores dedicados especialmente a detectar en la web “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos», así como también la venta de presuntos fármacos anunciados «bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”.
Otra tarea será prevenir “los ataques informáticos a infraestructura crítica (especialmente a hospitales y a centros de salud)”, así también como combatir “la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y el terrorismo”.
El objetivo es regular «las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad», pero en «medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas».
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