El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, le presentó una prepuesta al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para impedir la paralización de la obra de la represa Portezuelo del Viento.
Antes de la reunión virtual del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, Mendoza ofreció una serie de alternativas para que le dejen avanzar con la obra que afectará el cauce del recurso hídrico compartido con La Pampa, Río Negro, Neququén y Buenos Aires.
La presentación se hizo luego de que el ministro De Pedro revocara el laudo presidencial de Mauricio Macri que dio por válido el informe de impacto ambiental cuestionado por el resto de los integrantes del comité de cuenca.
De Pedro tomó esa determinación tras el pedido de los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro), quienes solicitaron la discusión del impacto ambiental de la obra de Portezuelo en el ámbito del Consejo de Gobierno de COIRCO, que integran los mandatarios de las provincias condóminas, se informó oficialmente.
La propuesta
Suárez elevó un documento que resume la propuesta: permitir veedores de las distintas provincias mientras se realiza la obra y se produce el llenado de la represa.
Incluso habla de abrir una oficina del COIRCO en el lugar de la obra para que se hagan las inspecciones in situ.
Fondo fiduciario
Un punto polémico es la conformación de un Fideicomiso Público de Garantía, cuyo fiduciario será un comité técnico integrado por un representante de cada provincia del COIRCO, más uno por el COIRCO y un representante del Gobierno Nacional.
Este Comité será quien determinará el incumplimiento y la sanción. Para ello destinará 5 millones de dólares.
En caso de no existir sanciones, los intereses del patrimonio inicial serán computados como aportes al desarrollo del plan integral del COIRCO, los que se liquidarán anualmente.
En otro punto dice que el fideicomiso será por cinco millones de dólares, o el importe equivalente en energía producida por la obra, a partir de que la misma comercialice la energía generada. “Proponemos que las sanciones las determinen cada una de las provincias, y que se cobren automáticamente”, agregó Suarez.
“La suma será integrada por la provincia en su calidad de fiduciante, en forma previa al inicio de la ejecución del contrato. Deberá afectarse única y exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas y a las sanciones que se determinen como consecuencia de posibles incumplimientos”, dice el documento entregado a Nación por la provincia de Mendoza.
