El 26 de julio de 2018 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le envió a la policía federal un protocolo de ciberpatrullaje para detectar posibles delitos en las redes sociales.
El portal La Política Online difundió un informe en el que da cuenta que el texto nadie lo había visto hasta hace dos meses, cuando su sucesora, Sabina Frederic, le pidió a los jefes de las fuerzas algún registro de las normas que cumplían para rastrear información en internet. No había encontrado nada al respecto en diciembre, cuando revisó la legislación y derogó otras 7 resoluciones.
En la dirección de inteligencia, «sobredimensionada» en el organigrama, le explicaron que había una más, la 31, pero era secreta y sólo podía verla en papel.
La resolución fue firmada por el exsecretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y por eso nunca fue publicada en el Boletín Oficial, como hubiera sido necesario si la suscribía Bullrich.
Tiene tres carillas, es más bien genérica y toma como base la convención de Budapest sobre ciberdelito, de 2001, cuando empezaban los primeros casos de fraude informático y las redes sociales eran aún una fantasía estudiantil.
Aquel convenio exige la cooperación entre los países y la ex ministra, interpretan sus sucesores, pidió un marco legal para cumplirlo cuando tenía que organizar un operativo para el G20 y no sabía cómo hablar con sus colegas de todo el planeta. Pero antes de su redacción, los testimonios en las redes sociales de algunos ciudadanos habían derivado en procesamientos y hasta en la detención de Nicolás Lucero, el joven que estuvo preso por amenazar de muerte a Mauricio Macri en un tuit de 2016. No hay certezas de cuál fue el procedimiento que usaron los policías para demorarlo. Tal vez algún protocolo perdido en otro cajón.
Frederic tuvo que rastrear el que estaba vigente después de su frase desafortunada en la Comisión de Seguridad de Diputados, el 7 de abril, cuando en el marco de la pandemia informó que había ordenado tareas de ciberpatrullaje, «o patrullaje en las redes» para «detectar el humor social y las zonas donde es preponderante».
Frederic pidió saber cómo cumplía su antecesora las tareas que le recomendaba y supo que usaban un protocolo reciente y escondido en la resolución 31, de sólo cuatro artículos. El primero enumera los posibles delitos a detectar en las interacciones en redes sociales y aclara que el patrullaje no puede exceder las fuentes abiertas ni violar la intimidad.
Luego se obliga a los policías enviar información comprometida a la justicia y destruir la que no tuviera utilidad, una de las exigencias del convenio de Budapest para evitar filtraciones de material sensible, tan habitual los últimos años. Otro requerimiento internacional que no se cumplió es el de promocionar los protocolos, para comprometer a la sociedad con el combate a una modalidad delictual que avanzaría a pasos agigantados y escapa al control de los Estados.
Lo urgencia de Frederic por revisar las redes al inicio de la cuarentena fue la abundante venta de material médico falso, en semanas en que parecía que pronto no alcanzarían los respiradores y barbijos industriales. «No tuvimos más opción que llamar a las cuatro fuerzas federales para que investigaran en fuentes abiertas de internet pero no imaginábamos que no existía un protocolo publicado», admitieron a LPO desde Seguridad.
Este miércoles, en otra comisión de Seguridad de Diputados, el secretario del Ministerio Gabriel Fuks reconoció que hubo un «uso inercial» de la resolución 31 y derivó en medidas como la detención de Kevin Guerra, un joven de 20 años de la ciudad bonaerense de Balcarce, procesado por un irónico tuit.
«Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, no?», posteó y lo procesaron por infringir el artículo 211 del Código Penal, que prevé una pena de hasta seis años de prisión y curiosamente no está citado en la resolución secreta, que finalmente fue derogada el 31 de mayo.
La reemplazó la resolución 144, que creó el «Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas», tras un diálogo con organizaciones de la sociedad civil como el Cels, Fopea y Aministía Internacional.
Una de las diferencias es la prohibición explícita en su artículo 8 de «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».
El nuevo protocolo tampoco permite ciberpatrullar al área de inteligencia de la fuerza, que las autoridades dicen que era la más relevante y actuaba en tándem con la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, cuyas ex autoridades afrontan causas por presunto espionaje ilegal. En una las acusan de crear ficheros de periodistas que cubrieron la cumbre del G20, material que, sospechan en Seguridad, habría sido producido por los policías informáticos.
