La secretaria penal del Juzgado Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, fue suspendía por un mes por el juez Juan José Baric, por la demora en tramitación de distintas causas judiciales, cuando se desempeñaba como jueza subrogante del organismo. Ahora referentes y organismos de derechos humanos de la provincia denunciaron que se trata de una «medida infame», por lo que solicitaron que se revierta.
Querellantes de los juicios de lesa humanidad de nuestra provincia, manifestaron su apoyo a Silvestre y pidieron que se revierta la sanción, a la que consideraron «patriarcal» puesto que el sumario fue iniciado por Baric, y la sanción fue impuesta por los jueces Leandro Sergio Picardo, Pablo Candisano Mera y Roberto Daniel Amabile.
«Es preciso resaltar y reflexionar acerca de que tres jueces de los cuatro que la sancionaron y el entonces fiscal que la denunció, son hombres. Es indudable que el fuero penal es un ámbito tradicionalmente asignado a los hombres por el patriarcado; por lo que entendemos que es completamente absurdo sancionar a una persona de las condiciones de Silvestre, aludiendo a un supuesto retardo de justicia, cuando hoy en día el mismo juzgado tarda meses en resolver cuestiones de mero trámite, y cuando las instancias de impugnación suelen tardar no menos de 9 o 10 meses en resolver recursos», señala el posicionamiento de las partes querellantes, entre las que están Raquel Barabaschi, Graciela Bertón, Juan Carlos Pumilla, Rafael Guardia, y el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, entre otros.
Foto: Sol Vazquez
El comunicado completo:
Se acaba de conocer públicamente una sanción de suspensión aplicada a la Dra. Iara Silvestre como Secretaria Penal del Juzgado Federal de La Pampa. Las partes querellantes en los juicios de lesa humanidad (Graciela Bertón, Raquel Barabaschi, Juan Carlos Pumilla , Rafael Guardia, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos entre otros ) junto a sus abogados y abogadas patrocinantes, queremos compartir nuestra posición sobre este hecho.
La Doctora Silvestre se desempeñó como Secretaria Penal desde diciembre de 2001 hasta agosto de 2013, fecha en que fue designada Jueza subrogante por el Consejo de la Magistratura, siempre apegada a la legalidad y el debido proceso, comprometida con los derechos humanos y los valores democráticos.
Queremos destacar el extraordinario trabajo profesional llevado a cabo por Silvestre, mientras le tocó instruir el proceso de lesa humanidad como Jueza Subrogante, como así también su abnegado compromiso con la verdad y la justicia más allá de las lógicas diferencias de criterio.
Estamos convencidas, no sólo del valor de sus condiciones personales y profesionales, sino también de los inconfesables motivos que alientan su persecución.
No puede pasar desapercibido que dicho juzgado permaneció seis años sin juez regularmente designado (un atraso mucho más grave que el invocado en la denuncia en su contra).
Luego de este período, el primero en ser designado, fue el Sr. José Charlín, destituido al poco tiempo y condenado por delitos relacionados a la cuestión de género, siendo una de las víctimas la Dra. Silvestre.
Es preciso resaltar y reflexionar acerca de que tres jueces de los cuatro que la sancionaron y el entonces fiscal que la denunció, son hombres. Es indudable que el fuero penal es un ámbito tradicionalmente asignado a los hombres por el patriarcado; por lo que entendemos que es completamente absurdo sancionar a una persona de las condiciones de Silvestre, aludiendo a un supuesto retardo de justicia, cuando hoy en día el mismo juzgado tarda meses en resolver cuestiones de mero trámite, y cuando las instancias de impugnación suelen tardar no menos de 9 o 10 meses en resolver recursos.
La sanción en sí misma no hace más que hablar de las condiciones institucionales del fuero federal y de las personales de Silvestre.
Afirmamos nuestro apoyo público a ella y apelamos a las instancias pertinentes a fin de que revierta esta infame medida. No podemos callar ante un hecho que consideramos grave y que atenta no sólo contra una persona de bien, sino también contra el Servicio de Justicia.
