Organizaciones sindicales, políticas y derechos humanos, pidieron decisión política para que los funcionarios judiciales que rompieron la cuarentena no queden impunes.
Las organizaciones repudiaron que se mida con distinta vara a los funcionarios judiciales que incumplieron con las medidas implementadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, y exigieron que más allá de la investigación penal, el Poder Legislativo convoque a un jury de enjuciamiento.
El 20 de julio pasado, fuera del horario permitido, un grupo de personas se juntó a cenar. Dos de los participantes habrían llevado el virus a sus casas y habrían producido el contagio de familiares.
El 20 de julio pasado, fuera del horario permitido, un grupo de personas se reunió a cenar. En el encuentro habría personas con coronavirus que luego contagiaron a sus familiares. De la misma participaron los jueces Miguel Vagge (de Faltas), Pablo Balaguer (TIP) y el fiscal General Guillermo Sancho. También estuvo un conocido abogado de la matrícula.
Ayer se supo que el gobierno de Sergio Ziliotto será querellante en la causa por la que los jueces y el fiscal pueden llegar a perder sus cargos.
¡Distinta vara Nunca Más!
“La vara es un parámetro o patrón de medida que en todas las acciones deberían medir lo mismo”.
Las organizaciones abajo firmantes queremos expresarnos con respecto a lo que sucede con el incumplimiento de las normas, cuando se le imponen sanciones con diferente medida o rigurosidad es un claro ejemplo de diferenciación social, entre los sectores populares, más vulnerables, que se les aplica todo el rigor de la Ley y los sectores acomodados que evaden su responsabilidad por cercanía con el poder, de esta manera se consuma la impunidad donde hay diferentes personas ante la Ley, lxs oprimidxs y lxs opresorxs.
En la última semana, en la que se detectó el ingreso del brote de Covid 19 por medio de la irresponsabilidad de algunas personas, el Gobierno de Sergio Ziliotto decidió avanzar en una demanda penal en la fiscalía de Máximo Paulucci. En esa denuncia, el Estado hizo mención a la cena realizada el lunes 20 realizada aparentemente fuera del horario permitido y donde se produjo un contacto cercano con un portador del virus. Entre los concurrentes estaban: Ruiz, el empresario ganadero; Arcuri, ex funcionario de Salud Pública; Pablo Balaguer, Juez del Tribunal de Impugnación Penal; Guillermo Sancho, Fiscal General de Santa Rosa y el juez contravencional Miguel Vagge.
Uno de los que está denunciado, paradójicamente, es central en el accionar de control estatal para el cumplimiento de la cuarentena: Sancho ha impulsado, junto a su equipo de fiscales, decenas de denuncias penales por violaciones a la cuarentena.
No puede pasar inadvertido que mientras al pueblo se le exige cumplir con los protocolos, debería ocurrir lo mismo con los funcionarios del Poder Judicial si violan la normativa, se les debe sancionar con la misma ley que rige para todxs y con el agravante de su responsabilidad social de efectores de justicia, por ser quienes aplican la Ley.
Exigimos que se haga foco en una investigación responsable teniendo en cuenta que los trabajadores Fiscales deben investigar a su mismo jefe, Sancho, y que este vínculo genera incompatibilidad ya que hace presumir cierta parcialidad.
Por más que deberán exponerse ante una investigación penal en relación a la violación del artículo 205 del Código Penal creemos necesario que el Poder Legislativo intervenga convocando a dar vista a un Jury de Enjuiciamiento, donde se investigan las conductas personales de funcionarios que han sido propuestos por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo de la Cámara de Diputados”
Desde nuestras organizaciones no renunciamos a los enunciados de nuestra constitución de que todxs lxs habitantes de este suelo son iguales en el goce y el ejercicio de sus libertades, garantías, deberes y Derechos.
En estos momentos en los que el Gobierno Nacional está presentando el proyecto de Reforma Judicial justamente para construir legitimidad en dicha institución, que está absolutamente viciada por las operaciones ilegales que ejecutó durante el gobierno de Cambiemos, judicializando y proscribiendo a la oposición, para favorecer su posición de poder político y los negocios del gran capital. Lo mínimo que esperamos es un gesto que nos permita vislumbrar claramente una decisión política que marque el cambio de época, para poder decir nunca más a tanta impunidad.
