El Movimiento Federalista Pampeano rechazó la propuesta de reforma de la justicia federal que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.
El abogado Jorge Romano fundamentó la posición del MoFePa en una nota que Plan B Noticias reproduce a continuación:
Conforme lo expresa el título, Será Justicia o Es Justicia, corresponden a las presentaciones efectuadas por los justiciables en el cierre de sus escritos. Pues entonces, la Justicia habrá de entender y comprender que, es el valor fundamental y básico de toda la Nación; ello, a los fines de preservar los derechos amparados en la Constitución Nacional Argentina que comprenden a “a todos los habitantes de la Nación (sin distinción de sexo, edad, ocupación, títulos profesionales y encargados en especial de la administración de Justicia)”.
Frente a ello, nos encontramos en la actualidad con un posible y voluntario avasallamiento de los derechos de los justiciables, expresados en sus presentaciones en los diversos juicios, ya que los mismos como se verá, van a estar determinados por la voluntad de ciertas normas políticas en resguardo de determinadas personas.-
Esta introducción que se efectúa, es a los fines de dar una interpretación particular y personal, respecto a lo que el Gobierno ha llamado “REFORMA JUDICIAL”; Tal reforma parecería por su título, que abarcaría toda la Justicia de los diversos fueros que comprenden, no sólo lo Penal Federal, sino también lo contencioso administrativo, civil y comercial, y laboral-
Pero adviértase que, con ese título general sólo comprende y entiende la reforma de los Juzgados Federales Penales y Penal Económico, y no del resto de los fueros anteriormente mencionados, lo que demuestra un verdadero avasallamiento en tal sentido; ya que sólo logra procurar las intenciones de los funcionarios públicos involucrados en los diversos delitos como ser: narcotráfico, evasión fiscal, corrupción y demás que comprenden a los juzgados citados en su especialidad.
Expuesto el principio general, se advierte que, la diversidad de nombramientos que se pretenden de funcionarios, los cuales serían más de 600, a los que hay que sumar el personal administrativo, y por ende los lugares físicos de creación para la ocupación y el funcionamiento de los citados tribunales, importaría una verdadera erogación estimativa en más de 6000 millones de pesos mensuales aproximadamente.-
Otra observación sería que el país no sólo no está en condiciones de afrontar dicha erogación, sino por el contrario existen otras prioridades al día, independientemente de la pandemia existente, como ser procurar los puestos de trabajo, otorgar sistemas de viviendas y alimentación a los fines de dar seguridad a los más desprotegidos, entre otros. En definitiva, este proyecto de ley no sólo es parcial y evidentemente como se expresara, para una clase política pudiente con nombramiento de personas que van a responder a los designios políticos de quienes son los autores directos e indirectos del citado proyecto, es decir, un traje a medida para la Vicepresidente y demás miembros con juicios de las materias antes dichas.-
Obsérvese que se intenta utilizar como primer eslabón en tales nombramientos al Consejo de la Magistratura en donde poseen mayoría política del gobierno actual. Curiosamente no se puede atribuir este proyecto al Presidente de la Nación ya que con anterioridad al ejercicio de sus funciones sostuvo lo contrario, en tanto lo que aquí se pretende.-
En su articulado, que curiosamente se ensaya su presentación en el Senado de la Nación donde poseen mayoría el actual gobierno, existe una verdadera incongruencia que se desprende de su articulado y consiste en: existen Juzgados vacantes, que los jueces nunca fueron nombrados, a pesar de las facultades que determina la Constitución Nacional. Los mismos postulantes ya compitieron para tales cargos, y no se los ha tenido en cuenta, sino por el contrario ensayan un nuevo procedimiento de nombramientos que, no concuerda con la realidad actual. Es curioso, que la competencia federal, existe en todo el país, en sus delegaciones pertinentes, como en las provincias y en ciertas localidades que integran dichas provincias.-
El motivo de tal reforma, obedece a congraciarse con determinadas designaciones a los fines que, en determinadas ciudades para los cuales se van a designar determinados funcionarios, posean un verdadero caudal político obtenido de esta forma; como corolario de lo expuesto tal cual se expresara en el inicio, no es justicia lo que se pretende sancionar, sino fomentar un fuero federal para delitos especiales a los que están siendo sometidos exfuncionarios públicos y algunos en la actualidad, y de esa forma con fiscales y jueces “amigos” lograrán el objetivo de su impunidad.-
Como prueba de esta parcialidad impetrada, en el contenido de su articulado del proyecto de ley citado, entre los más graves, se advierte, que se cercenan derechos básicos y fundamentales plasmados en la Constitución Nacional, como ser la libertad de expresión entre otros, imponiendo severas sanciones, a quienes incurran en dar opiniones sobre criterios judiciales y/o resoluciones judiciales, y que asimismo, limitan por ende la facultad decisoria de los jueces, ya que consagran un vil de indemnidad para los mismos, es decir , está consagrado el absolutismo despótico en esta función importante para los intereses de las personas.
