El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió a la metodología de protesta de efectivos de la policía bonaerense que realizaron alrededor de la Quinta Presidencial de Olivos.
El mandatario pampeano sostuvo que “La legitimidad de un reclamo nunca justifica violentar reglas institucionales y democráticas”.
“Menos aún la miserable utilización que hace el poder real que gobernó el país para golpear a gobiernos surgidos del voto popular buscando recuperar privilegios” y etiquetó al presidente Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.
Más repudios
El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa, Daniel Bensusan, expresó que “La Democracia tiene previstas instancias para dirimir conflictos y reclamos. Se debe tener extrema precaución con cualquier movimiento que se pueda aprovechar con fines desestabilizadores. Confiamos en el diálogo como camino genuino para la solución de conflictos”.
El bloque del FreJuPa de la Cámara de Diputados elaboró un proyecto para “Manifestar su más profundo repudio al accionar de parte de la fuerza policial bonaerense que, como modo de protesta, se ha instalado frente a la Residencia Presidencial de Olivos en una clara actitud desafiante del orden constitucional, así como toda manifestación de personas que incentivan conductas que atentan contra el sistema democrático”.
Fundamentan que “La gravedad de los acontecimientos exige que el estado de derecho actúe para determinar las responsabilidades de quienes han incentivado esta forma de protesta así como otras expresiones antidemocráticas que se ha oído en estos días, aprovechándose miserablemente de un contexto en el que la pandemia ha puesto al conjunto del país en una situación extremadamente complicada”.
El diputado provincial, Espartaco Marín, comentó que “El reclamo salarial de la bonaerense es justo, por eso el anuncio del aumento. Ahora… el acuartelamiento policial es un delito y el cerco en olivos es golpismo. Con la democracia no se jode”.
El diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, elaboró un proyecto y tuvo el acompañamiento de los legisladores pampeanos, Ariel Rauschenberger y Melina Delú, donde expresaron: “total repudio y profunda preocupación por las manifestaciones realizadas por algunos efectivos de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en una clara actitud desestabilizadora del orden democrático y constitucional”.
Desde Kausa Popular precisaron que: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Repudiamos enérgicamente estas actitudes destituyentes, y llamamos a actuar con cordura y sensatez en bien de la República. Convocamos al pueblo pampeano y sobre todo al pueblo peronista, a mantenerse en estado de alerta y a no responder a agresiones y provocaciones que solo buscan alterar la paz y la confianza de las mayorías populares, y generar dudas sobre su expresión cívica de hace solo unos pocos meses. Nos ampara la legalidad, y nos moviliza la esperanza de reconstruir el país después de un gobierno corrupto y desastroso en todos los aspectos como lo fue el de Mauricio Macri”.
La CTA de los Trabajadores de La Pampa, sostuvo que “repudiamos enérgicamente esta asonada de la policía bonaerense, enancada en un reclamo salarial pero que trasciende el mero reclamo. Consideramos que es parte de una escalada hacia la destitución del Gobierno de Alberto Fernández y del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”.
La CTA Autónoma repudió: “la sedición policial: un reclamo salarial no se puede convertir en una sublevación armada. Desde nuestra Central sostenemos que una demanda salarial no puede establecerse bajo una peligrosa amenaza a las instituciones y la democracia. No podemos estar ajenos al rol que han ocupado las fuerzas policiales en los momentos más oscuros de la historia de nuestro país y la región”.
El legislador Leonardo Avendaño expresó que “Es inaceptable admitir durante el ejercicio democrático la presión de agentes armados y con móviles alrededor de la quinta de Olivos donde reside el presidente de la República Argentina. Todo el arco político, más allá de las diferencias ideológicas y representaciones sectoriales y de clase, debe repudiar y condenar esta asonada que, por sus características, es de sedición y levantamiento contra un gobierno legítimo y votado por la mayoría del pueblo argentino”.
Desde el Bloque de concejalas y concejales FreJuPa: “queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y rechazo al violento atentado a la Residencia Presidencial de Olivos perpetrado en la mañana de hoy. No nos cabe la menor duda que este hecho es un intento desestabilizador contra el gobierno democrático encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, orquestado por grupos minúsculos políticos, mediáticos y económicos que acechan desde las sombras. El pueblo argentino desde hace tiempo eligió y consolidó el cuidado del sistema democrático, destacando la permanencia del diálogo constante dentro del marco institucional”.
Los concejales del FrePam, indican que “expresamos nuestro rechazo a todos los actos que signifiquen amedrentamiento o amenaza a las Instituciones de la democracia y a la paz social. Solo a través del acercamiento de posiciones por los medios propios que dispone nuestra Constitución y las leyes dictadas en consecuencia, deben canalizarse todos los reclamos en nuestro estado de derecho. Es responsabilidad civil de todos los ciudadanos apuntalar las instituciones democráticas, cuya recuperación tanto costó conseguir, lo que en definitiva significará el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo argentino”.
Desde la Universidad Nacional de La Pampa se sumaron a la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acordada entre todas las Universidades Públicas, manifestando preocupación y rechazo por la presencia de fuerzas policiales armadas frente a las residencias del Presidente de la Nación y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
En los términos de la propia declaración, “hace ya casi cuarenta años que nuestro país eligió vivir definitivamente en democracia y, por lo tanto, son inaceptables las conductas que vayan en contra de las formas convenidas por toda la sociedad para resolver cualquier conflicto en un estado de derecho”.
