El bloque opositor le reclamó al intendente de Santa Rosa que no deje caer la causa porque “los delitos están todos probados”. La justicia federal dictó la falta de mérito por falta de pruebas.
El FrePam consideró que el delito está probado en 246 casos. En conferencia de prensa reclamaron que se siga con la causa y no se permita la impunidad de los responsables públicos ni privados.
La obra se inició en el gobierno del peronista Luis Larrañaga y la causa judicial, impulsada por el FrePam, se inició en el mandato del radical Leandro Altolaguirre. Acusan al empresario Jubete y achacan responsabilidades políticas al propio exintendente.
“Consideramos que se han probado todos los delitos en la causa por las cloacas de Butaló. Nos resulta extraño que se haya dictado una falta de mérito en la justicia federal porque el tipo delictivo fue acreditado en esta causa”, dijo el abogado Omar Gebruers.
“Le pedimos a la municipalidad que en su carácter de querellante puedan acompañar estas fotografías y estas pruebas a la causa porque no corresponde la falta de mérito, sino que corresponde un procesamiento y elevación de la causa a juicio”, señaló.
“Las pruebas están todas en la causa”, afirmó el abogado del FrePam.
“Fue probado que la obra no fue ejecutada en su totalidad y cobro todos los trabajos. Manipulación de las certificaciones del avance de obra por parte del empresario, como lo dijeron fiscales provinciales antes de elevarla a la justicia federal”, señaló.
“También hay responsabilidades de las autoridades máximas de la municipalidad por haber pagado esas certificaciones. Las pruebas ya están y la decisión debió ser otra. Esto está probado”, insistió.
“Esto como mecanismo tiene que ser desterrado y que esto sea una bisagra para que las contrataciones de obra tengan otra modalidad, que tengan buena fe, que no tengan la aplicación de este mecanismo perverso que lo único que hace es perjudicar a la administración pública y desde ella, a los vecinos”, indicó Omar Gebruers.
El abogado encabezó la conferencia de prensa junto a vecinos perjudicados y los concejales del FrePam. El abogado adelantó que podrían iniciar una causa judicial para buscar el resarcimiento económico y reconoció que “sería contra la empresa, la municipalidad y los funcionarios de entonces”.
