La senadora nacional del PJ, Norma Durango se refirió a la legalización del aborto, en el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, que se desarrolla este lunes 28 de septiembre.
En un comunicado de prensa, señaló:
“En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que “las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los paises de la región”, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la Despenalizacion del Aborto.
Desde entonces somos muchas las mujeres y las organizaciones que nos hemos sumado con convicción a la campaña por la despenalización y legalización del aborto en la region y particularmente en Argentina.
Cada 28 de septiembre, como el resto del año las feministas continuamos reclamando el acceso al aborto seguro, lo cual podria prevenir entre el 20 y 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los paises en vias de desarrollo.
Las mujeres debemos gozar del derecho pleno a la soberanía sobre nuestros cuerpos. La penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del sometimiento. Sabemos, además, que lo que genera condiciones de riesgo para la salud no son sólo los procedimientos clandestinos para realizar un aborto, sino también la ilegalidad y la penalización a quien decide interrumpir un embarazo..
Cada año, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, miles de mujeres son internadas con complicaciones del aborto inseguro. La mayoría de ellas concurren de manera tardía a los establecimientos de salud por el temor que genera la penalización y el estigma social que rodea la práctica.
La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar pobres y jóvenes, en tanto que las mujeres de las clases medias y altas se practican abortos –aún en la clandestinidad- pero con garantías sanitarias.
Las mujeres de los sectores populares, cuando no sufren complicaciones postabortos, pagan con sus vidas la decisión de interrumpir un embarazo en condiciones sanitarias muchas veces de extrema precariedad.
Quiero recordar las palabras de Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista: “Es imperioso que las mujeres sean auxiliadas en la decisión libre de procrear o de no hacerlo, y es una obligación del Estado de derecho garantizar la individuación y la autonomía”.
Desde mi lugar, con mi trabajo militante y legislativo, por los derechos de las mujeres y por políticas públicas de salud que acompañen las decisiones de las y los ciudadanos, seguiré trabajando para que pronto en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo sea ley”.
