El juez Fabricio Losi entrega el diploma de autoridad electa a Ana Sueldo.
La denuncia penal contra la concejala Ana Sueldo ya es un tema institucional y oficial: el Ministerio Público Fiscal notificó al cuerpo que una de sus integrantes será investigada por la posible comisión de más de un delito.
Sandra Cofré denunció el jueves pasado que la concejala peronista Ana Sueldo le retenía la mitad del salario de funcionaria en carácter de auxiliar de bloque y mencionó que fue “amenazada” y extorsionada”.
Interviene la fiscala de la Unidad de Atención Primaria Natalia Urruti, que en principio dijo a la prensa que tenía que analizar la denuncia “para saber si se configuró un delito” y en caso de ser así, ver la “manera probarlo” y evaluar la contundencia o no de la prueba presentada por Cofré.
En esas mismas declaraciones deslizó que podría darse la concurrencia de los delitos de extorsión, actos intimidatorios y amenazantes.
La conversación grabada de Cofré en su defensa: “Quitarme la mitad del sueldo no es ayudarme”
La novedad del fin de semana es que la fiscala considera que pudo existir uno o más delitos y ya envió una notificación oficial de la denuncia contra Ana Sueldo al Concejo Deliberante de Santa Rosa.
Desde el mismo jueves, la gestión de Luciano di Nápoli en la intendencia y de Paula Grotto en la presidencia del Deliberante, comenzaron a analizar la denuncia, sus consecuencias y la estrategia a seguir.
Ana Sueldo recibe de una empleada legislativa su designación como concejala.
Habitual
Si bien no es novedad que en los poderes legislativos, provinciales o, como en este caso, el local, los sueldos de asesores, auxiliares o secretarios se dividan para incorporar al trabajo político a más de una persona, lo distintivo de la denuncia es que ese acuerdo político del que hablan Sueldo y Cofré en la llamada que forma parte del expediente, la mitad que le sacaba no iría para “hacer política” sino a un hijo de la concejala.
Suele ocurrir que la organización política, cualquiera sea su signo ya que no es exclusividad del oficialismo, decida dividir en dos o más un sueldo de funcionario o funcionaria legislativa para que un mayor número de personas trabaje políticamente.
No hubo reacciones en la oposición contra lo sucedido porque, conocedores de la vida política legislativa, afirman que esa “es una práctica conocida” para que más de un o una militante perciba una remuneración que sale de un salario de funcionario o funcionaria.
Incluso, para que la fuerza que ostenta una banca cuente con mayor cantidad de asesores para su tarea política y legislativa.
El día en que la gestión saliente entregó la recopilación de normas jurídicas de facto derogadas, Cofré, a la izquierda de la imagen. En la foto, el sector de Zona Norte que apoyó a di Nápoli.
Estrategia
El mismo jueves, cuando el Concejo sesionaba, el intendente conoció la primera noticia sobre la denuncia, y comenzaron las conversaciones en el frente gobernante.
En principio vieron “una operación política” pero con el paso de las horas y el testimonio de la denunciante a la prensa, cambiaron de postura y consideraron de “suma gravedad” lo ocurrido.
Se reunieron los dos máximos referentes de los dos poderes por un lado y luego avanzaron en encuentros del bloque oficialista. Entre el jueves y hoy, al menos hubo dos encuentros del bloque del FreJuPa, según confiaron fuentes municipales.
El viernes a última hora ya algunos integrantes del Ejecutivo Municipal consideraban como única salida la renuncia de Sueldo.
Otros, sin restarle gravedad, miraron la lista de concejales electos y se volvieron a encontrar con que asumiría Jésica Lorena Guaiquian, una integrante del marinismo, algo que impidieron cuando Analía Torres fue propuesta por Ziliotto para integrar EMPATEL.
En ese caso le encontraron una rápida solución al corroborar que las dos funciones no son incompatibles, lo que es incompatible el cobro de dos sueldos. El trámite en la Cámara de Diputados para su designación recién comenzó y Torres sigue en su banca.
Alba Fernández (PH) y Juan Lima (NE), los extrapartidarios del FreJuPa
Opinión dividida
En el seno del bloque oficialista el panorama no está claro. Surgieron argumentos de género, de líneas internas y de la ética política.
En la mesa se balanceó que Sueldo “es una concejala” pero también lo es la denunciante, con lo cual el argumento del género fue perdiendo peso. Más aun, cuando su posible reemplazante, también es mujer.
El bloque está compuesto por dos integrantes de otros partidos (Juan Lima y Alba Fernández), una que no es de la lista Unidad Ciudadana (Analía Torres), y entre los que lo son, hay tres que van a hacer e impulsar lo que defina el intendente (Mariano Rodríguez Vega, José Depetris y Paula Grotto).
La otra integrante es la denunciada que espera el veredicto de su fuerza, con número suficiente para acelerar o frenar su salida de la banca.
Plan B pudo saber que una de las personas extrapartidarias planteó que debe irse y los más cercanos al riñón del Ejecutivo, se dividen entre el costo político del escándalo y la posibilidad de abrirle o no la puerta del Concejo al marinismo.
Especulaciones la margen, el Artículo 126 de la ley orgánica de municipalidades, acota bastante la acción política porque “cuando se impute a un Concejal la comisión de delito doloso, la suspensión en sus funciones procederá automáticamente cuando el juez competente dicte el auto de procesamiento y éste se encuentre firme”.
Y agrega que “cuando se produzca sentencia firme condenatoria, procederá de pleno derecho la destitución y reemplazo definitivo del Concejal afectado. La absolución o el sobreseimiento definitivo restituirá automáticamente al Concejal la totalidad de sus facultades, atribuciones y deberes”.
Legalidad al margen, a la gestión municipal le preocupa más el costo político que deben asumir, ya sea por sostener o hacer renunciar a la concejala Ana Sueldo.
