El diputado nacional de Juntos por el Cambio denunció que existe violaciones a los atributos del Poder Ejecutivo Nacional por parte de los Estados Provinciales, que afectan el comercio y los derechos de las personas a transitar como lo establece la Constitución Nacional.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Berhongaray, dijo que las provincias no respetan lo decretado por la máxima autoridad nacional, afectando los derechos comerciales y del libre tránsito de las personas, y pidió que el Estado Nacional, quien tiene las atribuciones para ello, solucione el conflicto generado por las provincias y reestablezca esos derechos.
En una columna que escribió para el diario La Nación, Berhongaray expresó: «asistimos impávidos a medidas inconstitucionales de parálisis parálisis o directamente el bloqueo de la circulación de personas y aíslan el abastecimiento de insumos básicos sin que, hasta el momento, haya existido una reacción adecuada de parte del Poder Ejecutivo ni una solución judicial al respecto».
«En cuanto al movimiento de personas, se ha llegado incluso a afectar los derechos personalísimos resultantes de las relaciones familiares (por ejemplo, el conocido como «derecho al último adiós»)», aseveró.
El pampeano advirtió que la situación «ha adquirido contornos de especial gravedad» en la política adoptada por el Gobierno de San Luis, que «aunque no es exclusiva de esta provincia, ha decantado en un conjunto de protestas con cortes de rutas e interrupción del paso».
El diputado de la UCR dijo que «en ambos casos, nada impide que la Nación, con apoyo en la atribución de delegar en los gobernadores la atribución de hacer cumplir la Constitución y las leyes nacionales (artículo 128 CN), se apoye en la gestión ejecutiva de éstos, delegando eventualmente la posibilidad de ajustar la aplicación de esas reglas en el marco local».
«Frente a los crecientes conflictos interjurisdiccionales, se hace indispensable que el Estado Nacional accione con firmeza frente a la violación de sus atribuciones por los estados provinciales, y adopte todas las medidas conducentes a restablecer el movimiento de personas y bienes, garantizando asimismo el normal abastecimiento de mercaderías y el sostenimiento de las actividades económicas», sentenció.
