El bloque de diputados provincial presentó un proyecto de resolución para “expresar preocupación por intervención del Estado para controlar la circulación de la información, las ideas y las opiniones, a través de un observatorio que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Propuesta Federal resalta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución nacional, donde se establece que el estado no puede intervenir sobre la libertad de prensa.
“El día Viernes 9 del corriente mes los argentinos conocimos, justamente a través de la prensa, que el Gobierno creó un observatorio que trabajará en ‘la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión’ dentro de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo de alcance nacional que depende de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización. Se trata de una iniciativa que, evidentemente, busca controlar el proceso de circulación de información en nuestro país”, señalaron.
“Restringir libertades y vulnerar derechos va en contra de los principios de todo gobierno democrático. Este es un hecho muy grave de cara a los acuerdos básicos que tenemos los argentinos. Debemos estar a la altura de nuestra sociedad que ha decidido vivir en democracia”, indicaron.
El macrismo pampeano se pregunta: “¿Cómo se definirá que determinada noticia es “maliciosa” y que determinada otra noticia no lo es? ¿Qué va a pasar con las “noticias maliciosas”? ¿Qué va a pasar con los emisores de las supuestas “noticias maliciosas”? Y por sobre todas las cosas ¿qué va a pasar con los ciudadanos? Hay que comprender que se estaría haciendo un recorte arbitrario sobre la información, las ideas y las opiniones puestas en circulación y que dicha práctica va en contra del derecho a la comunicación que tenemos los argentinos. Hay que comprender esto y actuar en línea con los principios democráticos”.
“Las autoridades de la Defensoría del Público no comunicaron el diseño metodológico que utilizará el Observatorio. Tampoco comunicaron cuál será el enfoque que atraviesa esta iniciativa, si punitivo o pedagógico. Sin embargo, cuando la Defensora dice que van a ‘desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas’ nos da la pauta de que habrá sanciones para quienes difundan ‘noticias maliciosas’”, destacan.
“La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que la Defensoría no tiene facultades para sancionar. El observatorio no puede, entonces, ir más allá. No debe”, agregaron.
Ditigales
El bloque integrado por Martín Ardohain, Laura Trapaglia, Eduardo Pepa y Matías Traba, señala que”hay que tener en cuenta que las plataformas digitales están por fuera del alcance de la mencionada ley. Es decir que esta iniciativa carece de legalidad, además de carecer de legitimidad”.
“¿Cuáles son los supuestos que motivan esta iniciativa? Al parecer el principal supuesto que motiva la creación de este observatorio es la desinformación. Ahora bien, los estudios más recientes del Reuters Institute señalan que «por cada fuente y cada plataforma en cada país estudiado, es una minoría la que dice que se cruzó con mucha información falsa o engañosa»; y que el discurso hostil alrededor de la pandemia también es minoritario. Incluso en el pico de la discusión en Twitter al inicio de la cuarentena global”, pregutnaron
“Y poniendo el foco en nuestro país, esos estudios muestran que, la sociedad argentina muestra un creciente escepticismo por la información; es decir hay una distancia interesante respecto de la idea de una manipulación por las noticias. Es decir, el problema lo tienen las instituciones -entre ellas los medios masivos de comunicación-. Los ciudadanos no le creen tanto a la prensa -como tampoco le creen tanto a la política, lamentablemente- y desarrollan sus propios mecanismos de selección de información y de comprobación de veracidad”, argumentaron.
“Otro supuesto subyacente, y enlazado a lo anterior, es que los ciudadanos carecen de capacidades -intelectuales, culturales, materiales y simbólicas- para interpretar una información, una idea o una opinión. Entonces el Estado debe decirnos qué leer, qué escuchar, qué ver y cómo interpretar esos contenidos. ¿Tan poco se respeta a los ciudadanos?”, añadieron
2Como se menciona más arriba, hay evidencia acerca de que la sociedad argentina tiene capacidad para poner en duda todo tipo de información. Trabajemos para crear mecanismos que mejoren las prácticas, individuales y colectivas, que tienen que ver con el pensamiento y el análisis crítico de la información que circula. Además, debemos trabajar para que el mapa comunicacional a nivel nacional cuente con iniciativas centradas en construir confianza en la información y el periodismo”, propusieron.
“Durante la presentación de este observatorio se habló de los ‘discursos de odio’. Hace dos semanas atrás el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ‘alertó’ acerca de los ‘discursos de odio’. ¿Acaso este observatorio está hecho a la medida del partido en el Gobierno? La comunicación debe ser democrática, y se deben respetar la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa. Sin eufemismos y sin condiciones”, fundamentaron.
“Al inicio de esta pandemia tuvimos un antecedente claro de esta tendencia a controlar los mensajes por parte del partido en el Gobierno. La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con la excusa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19, implementó prácticas de ciberpatrullaje. Este observatorio va por más en la misma línea”, ejemplificaron.
“Con este observatorio estamos retrocediendo en materia de derechos y de libertades. Debemos comprender que nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos”, dijeron.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se ha expresado indicando que monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión, destacando que ‘Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de ‘observación’ como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aún más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión’”, citaron.
“La mejor manera de combatir la desinformación y los discursos discriminatorios es fortalecer el periodismo profesional, contar con contenidos de calidad, y empoderar a la ciudadanía para realizar prácticas de análisis crítico”, cierra el proyecto de Propuesta Federal.
