El diputado pampeano votó en contra de la ley que obtuvo sanción el martes pasado en diputados y que propone incrementos trimestrales para unos 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas, y pensión al adulto mayor.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Berhongaray, adelantó que presentará un nuevo proyecto para modificar la modalidad de cálculo de la Ley 27.609.
Mediante el nuevo proyecto, el legislador pampeano persigue la incorporación de «una clausula anticíclica contra la inflación» y «recuperar el porcentaje perdido durante el 2020» por la suspensión del a ley de movilidad 27.426.
Además, busca «recuperar el porcentaje que se perderá en el enlace entre las fórmulas y la eliminación del tope en las subas de los haberes previsionales -al atarla a la recaudación de Anses, aunque la fórmula diera un porcentaje mayor a esa recaudación». «Esto va a evitar que los jubilados sean socios del Estado sólo en las pérdidas y no en las ganancias», aseveró.
Por otra parte, plantea «incorporar una cláusula de garantía para proteger a los beneficiarios cuyos haberes sean menores a la Canasta Básica del Jubilado ($49.614), para que no sufran incrementos inferiores a los determinados por los índices de inflación».
Diputados convirtió en ley el proyecto de movilidad jubilatoria
Para argumentar el voto negativo al proyecto del oficialismo, Berhongaray había señalado que «una vez más se verán afectados los haberes que perciben nuestros adultos mayores. Con toda claridad los aumentos dispuestos por vía de “decretos” del Poder Ejecutivo Nacional durante el 2020 y los previstos para el 2021 por el régimen de movilidad recientemente aprobado, resultaron y resultarán inferiores a los que les hubieran correspondido de aplicarse el anterior régimen contemplado en la ley de movilidad 27.426. Simples cálculos matemáticos expuestos en el informe que adjunto así lo demuestran».
«Debemos tener en claro que el esquema de movilidad establecido por la nueva ley 27.609 no solo alcanza y afecta a nuestros jubilados, sino también a beneficiarios de pensiones por fallecimiento, pensiones no contributivas, pensiones de ex combatientes, PUAM, asignaciones familiares por embarazo y por hijo (AUE y AUH)», manifestó.
«Como lo expongo en el informe y más allá de las modificaciones que propondré introducir a la nueva fórmula de movilidad, debemos tener en claro que el debate pendiente para dar respuesta a 8 de cada 10 jubilados no es la fórmula en sí, sino la recomposición de los haberes a quienes perciben menos que el valor de la referida Canasta Básica del Jubilado. Esto es clave. Si no resignificamos esos haberes no habrá fórmula que mágicamente les dé respuesta y los proteja. Esa es la discusión central que tenemos por delante, junto al de las fuentes de financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y su adecuada utilización para evitar su vaciamiento», sostuvo el diputado radical.
Por último, planteó que el Estado «debe gestionar los acuerdos sociales e impulsar las políticas públicas que les garanticen un nivel de prestaciones dignas y sostenibles en el tiempo, instrumentando un sistema previsible que resguarde no sólo a los actuales beneficiarios sino también a los futuros».
