El ex presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Butaló lamentó la decisión judicial que dictaminó inexistencia de delito en la obra de cloacas realizada en la gestión de Luis Larrañaga. “No llamaron a declarar a los vecinos”, criticó.
El ex presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Butaló, Walter Bernal, criticó la decisión judicial que sobreseyó a Larrañaga y al empresario Omar Jubete, en la causa por las cloacas en el barrio Butaló y se preguntó por qué si no había delito, “la obra se hizo dos veces”.
Bernal repasó que desde el inicio de las obras hubo inconvenientes. “Desde el minuto cero, se hizo una reunión en la Escuela 27, donde después terminamos con los barbijos y luego empezaron a explotar las acometidas; inclusive intervino el Observatorio de Salud, con Epidemiología”, repasó.
“Esto quiere decir que desde el comienzohubo problemas en la obra. Lo más triste de esto es que el ingeniero de la misma empresa reconoce que no cambiaron 250 acometidas porque el inspector le había dicho que no se debían de cambiar o bien cambiar las que estaban flojas. Pero si no abrís la tierra, no podés saber si la acometida está sana o rota”, afirmó al periodista Daniel Luchelli.
Bernal explicó que las acometidas iban hasta un metro de la línea municipal, del tapial del vecino hasta la calle. “Él reconoce que los caños los tiene en la empresa, que los guardó por cualquier cosa. Y cuando le preguntaron al inspector, quién le dio la orden de no cambiar las acometidas, dijo que estaban en DAGSA. Se violó la ley 38 de obras públicas, porque no se hizo por escrito. Es decir que se cobraron 250 acometidas que no se cambiaron y el barrio Butaló terminó colapsado, al explotar todas las que estaban en la calle Macachín, en el barrio Butaló II”.
“Ahí ya tenemos instancia de que se cobró algo que no se hizo. Además, le mostraron certificados de obra para pagar y el inspector de la municipalidad dijo que dudaba que sea su firma, porque no hacía estos garabatos y, por otra parte, se había ido a otro país, a visitar a su hijo. Dudaba que esa firma sean de ellos”, se lamentó.
En referencia al fallo, Bernal se preguntó por qué se hizo la obra de vuelta, si no había ninguna falla. “¿La provincia se equivocó también?, el gobernador se equivocó? O el ministro de obras públicas o administrador de APA, Julio Rojo, ¿también se equivocaron? Porque ellos pusieron el dinero para hacer la obra en el Butaló II. Si la obra estaba bien hecha, ¿para qué se hizo de vuelta?. Que los vecinos saquen sus conclusiones”, manifestó Bernal.
“Y el broche dorado de esto, fue que no llamaron a ninguno de los vecinos a declarar. En la última reunión que hicimos (junto a bloques de la oposición al PJ), cuando no nos atendieron los concejales oficialistas, presentamos documentación con fotos del Observatorio de Salud, con la hora, la longitud y el año, donde la la mierda salía de unos pozos, en unos pasajes de ahí. Toda esa documentación la pasamos y no llamaron a declarar a ningún vecino”, recordó Bernal.
“Había vecinos que tenían el medidor de agua lleno de líquidos cloacales. ¿Y por qué se decreta este fallo judicial? Por la declaración de un arquitecto, que es el actual director de DAGSA (Gabriel Sarricouet), que era el arquitecto que hizo el edificio de Larrañaga. El testimonio de un arquitecto valió y el de los vecinos no valió ninguno. Hubo una sola declaración testimonial y valió para torcer un fallo”, cerró Bernal.
Como se recordará, el Juzgado Federal de Santa Rosa dictó el sobreseimiento del ex intendente Luis Larrañaga, el empresario Omar Jubete y otros ex funcionarios en el marco de la causa en la que se investigaba “defraudación por fraude en la construcción” y “contra la administración pública”, en la obra de cloacas en el barrio Butaló.
En diciembre del 2020, el juez federal Juan José Baric emitió un fallo donde recordó que el 23 de junio “se dictó la falta de mérito” a Luis Larrañaga, Alberto Echevarría, Daniel Antonio Ucciardello, Adolfo Bruno, Mario Giando y Omar Jubete “en orden al delito de defraudación por fraude en la construcción”.
La causa se había iniciado por una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a raíz de una presentación que hicieron concejales santarroseños del Frepam -encabezados por la edil Claudia Gorgis- el 24 de noviembre de 2016.
