El presidente, Alberto Fernández, instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante en representación del Estado Nacional en la causa contra el expresidente Mauricio Macri por «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
En marzo de 2020 el Presidente anunció que iniciará una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de los delitos del endeudamienton con el Fondo. En ese momento, definió al gobierno de Cambiemos como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
A través del Decreto 239/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el mandatario nacional instruyó a la Procuraduría del Tesoro a que «se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa número 3561/2019 «Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
Ahora el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, será el encargado de constituirse como querellante en representación del Estado contra el expresidente.
El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el Jefe de Estado en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
En ese marco, Fernández anunció que iniciará una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos y agregó: «Sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado».
El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. El mandatario ordenó a la Procuración que «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional».
Además, instruyó a que se disponga a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».
El decreto también instruyó a la Sindicatura General de la Nación «para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada» por el organismo de crédito multilateral durante la gestión de la francesa Christine Lagarde como directora gerente: para esa labor pidió la «colaboración» del Banco Central.
Las instrucciones llevan las firmas de Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de los ministros de Justicia, Martín Soria; y de Economía, Martín Guzmán. El Gobierno precisó que el acuerdo fue por un monto total de 57.000 millones de dólares.
