Se trata del cargamento de 2 toneladas de cocaína que atravesó La Pampa en 2017 y fue detectado en un depósito del Parque Industrial de Bahía Blanca.
Un fiscal pidió penas de entre 5 y 15 años de prisión para siete personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos, por el tráfico de drogas en el marco de la causa conocida como «Bobinas Blancas», iniciada en 2017 con el hallazgo de casi dos toneladas de cocaína en un depósito ubicado en el parque industrial de Bahía Blanca.
El cargamento de 2.000 kilos de cocaína ingresó a La Pampa desde Mendoza y atravesó todo el territorio provincial, pasando primero por Santa Isabel (Ruta Nacional 143), hacia Victorica en la ruta provincial 10, siguiendo por la Ruta 105, recorriendo los 140 kilómetros de la «Ruta de la Cría», luego por la Ruta 152, pasando por el Puesto Caminero de Padre Buodo en la Ruta Nacional 35 y el de Jacinto Arauz, en el límite con el sur bonaerense, también sobre la ruta nacional 35.
Al trayecto del oeste pampeano se le atribuyó el nombre de «corredor narco». En ese entonces, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich negó la existencia de una ruta de transporte de drogas y en La Pampa arguyeron que se trataba de una organización narcocriminal que ya estaba siendo investigada desde más arriba. El cargamento fue secuestrado una vez ingresó al Parque Industrial de Bahía Blanca, apenas una hora y media después de atravesar el Puesto Caminero de Jacinto Arauz.
El fiscal Federal Gabriel González Da Silva formuló el pedido en el marco de un extenso alegato que se llevó a cabo por espacio de varios días y que culminó este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) integrado por los jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo Esteban Larriera y Pablo Alejandro Candisano Mera.
En el marco del expediente se encuentra imputados los mexicanos Gilberto Acevedo Villanueva (33), Jesús Madrigal Vargas (33) y Max Rodríguez Córdova (48), los tres detenidos en el complejo Federal 1 de Ezeiza.
También Darío Maximiliano Cuello (33); su hermano, Marcelo Rafael Cuello (47), Amílcar Darío Martino (61) y Emmanuel García (41), este último en libertad.
En el marco de la audiencia que se llevó a cabo por videoconferencia, el fiscal pidió 15 años de prisión para Rodríguez Córdova por el delito de coautor del tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso ideal con contrabando de estupefacientes en grado de tentativa.
En el caso de Villanueva y Vargas, también de nacionalidad mexicana, el representante del Ministerio Público pidió penas de 14 años de prisión por los mismos delitos, en tanto que para Marcelo y Amílcar Cuello, quienes son oriundos de Mendoza, solicitó 5 y 6 años de prisión por considerarlos partícipes secundarios.
Según se indicó, el fiscal pidió también 6 años de prisión para Martino, mientras que para García reclamó una pena de 8 años.
En el marco de la investigación también estuvo imputado Rodrigo Alexander Naged Ramírez, nacido en Colombia pero de nacionalidad mexicana, quien fue asesinado junto a su hijo en el 2018 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.
El caso
La causa comenzó el 14 de marzo del 2017 a partir de una nota remitida por la Drug Enforcement Administration (DEA) norteamericana a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) que alertaba sobre una operación de narcotráfico en Argentina.
El juez federal de Zárate Campana Adrián González Charvay comenzó entonces a investigar la presunta existencia de una organización narcocriminal de gran escala, vinculada con maniobras de contrabando y/o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a través de exportaciones a Barcelona desde el puerto de Campana y bajo el envío de bobinas de láminas de acero.
A partir de las tareas investigativas, especialmente el entrecruzamiento telefónico, el 18 de junio del mismo año fueron secuestrados 1.375,89 kilos de cocaína adentro de ocho bobinas de acero que había en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, y otros 486,28 kilos dentro de bolsas de arpillera en un galpón en localidad mendocina de Perdriel.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín, inicialmente designado para el debate, se declaró incompetente y giró las actuaciones a Bahía Blanca.
