Este martes declararon los representantes de las organizaciones e instituciones querellantes en el juicio a los represores de la Subzona 14.
El Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, la Universidad Nacional de La Pampa, y el Partido Comunista Argentino dieron su testimonio hoy sobre el impacto del terrorismo de Estado en nuestra provincia.
Lo hicieron a través de sus representantes. El primero en declarar fue Victor Giavedoni, uno de los referentes del MPDH, quien insistió que lo que pasó en La Pampa fue un genocidio. Dicha figura fue rechazada por los jueces en el juicio de agosto de 2017, cuando se condenó a 25 años de prisión al exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, al exsecretario de la Gobernación, Nestor Greppi, y al médico Máximo Alfredo Pérez Oneto.
Apuntó a la justicia como una de las partes actuantes en la instauración de la dictadura militar e hizo mención a las demoras en los juicios de lesa humanidad.
Reclamó que “46 años después continúa el pacto de silencio de los genocidas, que nos impide saber la verdad por boca de los ejecutores, que no dice donde están enterrados los cuerpos de nuestros desaparecidos, donde están nuestros nietos y nietas apropiadas”.
En La Pampa, repasó que “fueron atacados la participación política y gremiales, fue amordazado el derecho a la comunicación. Recordemos que pusieron una bomba en el periódico cooperativo La Capital. También se produjeron detenciones a periodistas. Pero también atacaron a sectores del Estado que garantizaban derechos esenciales, como el Ministerio de Obra Pública, con intervención y persecución. El desarme del sistema público de Salud, donde participó el Colegio Médico de La Pampa. Otros de los derechos atacados fuertemente fue el de la Educación. Tenemos desde la UTN, que luchaban por una universidad para los hijos e hijas de los trabajadores, con fuerte arraigo en la comunidad, o lo que fue la destrucción del Instituto de Estudios Regionales para el desarrollo de nuestra provincia. La apropiación de la ex Escuela Hogar, el ataque a la Escuela de Paso de los Algarrobos, entre otros”.
Recordó que en aquellos años instaló el miedo con el “no te metas porque algo habrán hecho” y cuyo impacto aún perdura hasta nuestros días.
“Por eso como MPDH nos interesa las medidas de reparación y garantías de no repetición”, manifestó Giavedoni y detalló algunas de las acciones que como organismo de derechos humanos vienen promoviendo, para recordar que “La Pampa no fue una isla” en el mapa del horror que significaron los años más oscuros de nuestra historia.
UNLPam
Oscar Alpa, hizo su aporte como actual rector de la UNLPam, una de las instituciones con más víctimas de la represión ilegal de la dictadura.
Destacó que la UNLPam es una de las pocas universidades que adoptó esta decisión, y que lo hizo “con la pretensión de la búsqueda de memoria y de que estas acciones sean tendientes al esclarecimiento de la verdad y la obtención de justicia”.
Alpa detalló que entre 50 y 70 personas vinculadas a la universidad fueron víctimas de la represión ilegal. Un porcentaje elevado si consideramos que en la provincia fueron más de 200 víctimas.
“Todas comprometidas en un proyecto de conformación de la universidad vieron sus vidas truncadas, por la persecución, cesantías, y el exilio en muchos casos”, repasó.
Recordó que durante aquellos años “se estableció una vigilancia sobre los docentes y estudiantes, a través de oficiales infiltrados que controlaban de primera mano lo que sucedía en las aulas”.
Además expresó que hubo “un daño cultural, que tiene que ver con el borramiento de corrientes enteras de pensamiento” y recordó el más notorio “el Instituto de Estudios Regionales”.
Las acciones también incluyeron “el cierre del Comedor Universitario, un espacio de lucha estudiantil, lugar no solo de asistencia sino también de intercambio y generación de ideas. La intervención de la Cooperadora, el cierre de las residencias, entre otras”.
“Los órganos de gobierno fueron arrasados, se puso de manifiesto la vigilancia y la expulsión, con el propósito del achicamiento de ese sistema. Se planteó el cupo por formación profesional, la educación arancelada y el examen de ingreso para desalentar el estudio en la Universidad”, rememoró.
“La despolitización, el achicamiento y desfinanciamiento del sistema educativo, científico, y la extensión. Se clausuraba de esa manera el proyecto político de una Universidad cerca del pueblo, de la gente, donde las demandas organizadas de la sociedad fueron vistas de manera peligrosa por la dictadura”, sostuvo el actual rector de la casa de altos estudios.
Alpa repasó las distintas conquistas históricas en la educación universitaria, el significa y el resultado de aquellos procesos. “La universidad pública en Argentina empezó con autonomía, siguió con la Reforma del 18, luego el decreto de gratuidad del 49, y la creación de nuevas universidades pensadas en territorios urbanos obreros, la misma UTN que luego fue nuestra Facultad de Ingeniería. La movilidad social de los sectores de la clase trabajadora”.
“En la Universidad se instaló que se infiltraba el enemigo y donde se justificó que se podía llevar adelante tanto horror y barbarie”
Frente a esto resaltó el compromiso de la casa de estudios con la formación de una ciudadanía consustanciada con la democracia y los derechos humanos.
Partido Comunista Argentino
El último en declarar fue Sergio Ibaceta, representante del Partido Comunista Argentino regional La Pampa, el único partido político querellante en los juicios de lesa humanidad en La Pampa.
Ibaceta abrió haciendo “un fuerte reconocimiento a la lucha y a la militancia de las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina y de las organizaciones de Derechos Humanos para seguir garantizando como política de Estado los derechos de memoria, verdad y justicia”.
Destacó también la continuidad de los juicios de lesa humanidad en otras jurisdicciones que “nos dan idea de la magnitud de lo que significó un verdadero genocidio en todo el país”.
“El PC es el núcleo de una cultura política que se forjó al calor de las luchas contra la discriminación, la opresión, las injusticias, contra la explotación, y fue precisamente por esas luchas que ha sido objeto de persecución por parte de las clases dominantes y en ciertas etapas de nuestra historia del Estado Argentino”, dijo Ibaceta, recordando palabras del secretario general del partido, el fallecido Patricio Echegaray.
Repasó las leyes y decretos que generaron represión y persecución política a sus militantes. “Este inventario increíble de sanciones tenían como objetivo no solo aniquilar la organización marxista leninista, sino también nuestra visión ideológica de transformación de la realidad. Fue esta visión, basadas en ideas y en acción de cómo construir una mejor sociedad, la que ha sido perseguida”.
“La visión de construir una sociedad de tipo socialistas es la que ha sido perseguida durante tanto tiempo. Es visión comenzó a ser demonizada por los dueños de la riqueza de este mundo y así fue como se creó el fantasma del comunismo”, agregó.
Recordó que bajo ese clima se persiguió, se encarceló, torturó, asesinó y desapareció a militantes de no todas las fuerzas populares, y advirtió que “esos fantasmas continúan agitándose en el presente” en nuestro país, el continente y el mundo, “en los escenarios donde se alzan las luchas contra los poderes”.
Siguió con el golpe de Estado en Bolivia, el llamado de la derecha conservadora en Argentina a desobedecer las medidas sanitarias en esta crisis humanitaria que es la pandemia de coronavirus, el estallido de una bomba en un local partidario en Bahía Blanca, la amenaza de bomba en Casa de Gobierno. “Estos espirales de violencia no son azarosos”, expresó.
Además rememoró que previo al golpe de Estado del 76 “ya había comenzado a funcionar la Alianza Anticomunista Argentina”, el grupo terrorista paramilitar creado por José López Rega, secretario personal de Juan Domingo Perón, y que se dedicó a perseguir y asesinar intelectuales, políticos, estudiantes, sindicalistas, sacerdotes, considerados de izquierda.
Luego se pergenio el golpe, en el marco del Plan Condor, “que por un lado tenía como objetivo liquidar a las fuerzas de izquierda por sus capacidades transformadoras para avanzar en otro tipo de sociedad” y por otro “tuvo como objetivo impulsar un nuevo modelo económico que estableciera una nueva base de explotación del capital que hoy conocemos como neoliberalismo y que luego se extendió a todo el mundo, y cuyas consecuencias aún hoy estamos sufriendo”.
En ese marco, aseveró que “como parte de ese dominio económico, se gestó la deuda externa como instrumento de extorsión y dependencia de muchos pueblos”.
“El PC enfrentó la Triple A y batalló contra la dictadura, y fue defendiendo a sus víctimas y la de todos los partidos. Fue perseguido y nunca proporcionó ningún funcionario al servicio de la dictadura y tuvo un accionar internacional en la lucha por los derechos humanos. En estas épocas se firmaron más de 9.000 habeas corpus”, citó.
“En la última dictadura el sufrimos más de 5.000 despidos. Además fue afectado con más de 500 militantes detenidos y torturados, de los cuales 150 fueron desaparecidos, y solo se pudieron recuperar los restos de 35 de ellos. En La Pampa fueron perseguidos, detenidos, cesanteados”, citó.
Para finalizar repasó las deudas de la democracia y reivindicó las luchas de las organizaciones por las transformaciones sociales que buscan terminar con las injusticias del «capitalismo violento».
