
Representantes de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, la Sociedad Rural, CARBAP, y frigoríficos de la provincia que exportan volvieron a cuestionar la suspensión de exportación de carnes dispuesta por el gobierno nacional y aseguraron que únicamente con reglas claras para producir habrá menores precios para el consumo interno. Además sostuvieron que se lo harán saber al Ministerio de Agricultura con «el inevitable apoyo del gobierno provincial».
En un encuentro virtual que reunió a distintos actores de la denominada cadena cárnica, hicieron un balance negativo de la política del Ministerio de Agricultura de Nación y anticiparon que el gobierno de La Pampa deberá intervenir.
De la reunión participaron los frigoríficos con exportación, Carnes Pampeanas S.A, Frigorífico HV S.A, y Pilotti S.A, un consignatario Vicar Ganadera S.A, un representante de la Mesa Ejecutiva de CARBAP, el presidente de la Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa Adheridas a CARBAP, sociedades rurales provinciales, y dos representantes de AAPRESID (Asociación Argentina de de Productores de Siembra Directa).
Desde la organización se encargaron de aclarar en primer lugar que «a pesar de estar invitados, no participaron el Frigorífico La Anónima, Frigorífico Pico (comunicó su imposibilidad de estar) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de La Pampa».
Entre la información dada a conocer en el comunicado, los representantes de la industria cárnica exportadora aseguraron que como consecuencia de las restricciones se produjo un «deterioro de la condición financiera y económica de las plantas. Alto impacto del costo laboral y de los costos fijos por disminución de la producción».
A su vez plantearon que hubo una «acumulación de stocks destinados a la exportación» y manifestaron su preocupación «por la pérdida de mercados, por ahora aprovechados por Uruguay, Brasil y USA, en un mercado mundial caracterizado por demanda sostenida de China, Brasil, Chile y USA (aunque con retracción de Europa)».
También evaluaron que se produjo una «reducción extremadamente significativa de la faena, en especial quienes operan casi exclusivamente con China» y reclamaron al gobierno nacional la flexibilización delas restricciones.
Entre otros elementos incluidos en su análisis, añadieron «pedidos de adelantos financieros a los clientes externos, que aún no fueron respondidos favorablemente, detenimiento de ampliación de planta para ponerla operativa para la exportación a países con los que no se operaba».
Otro de los aspectos que consideraron «llamativos» son las inspecciones de AFIP.
Consignatarios
Desde el sector consignatario de hacienda aseguraron que se produjo una «baja significativa de precios (estimada en un 10% en vacas de refugo)».
Por otra parte aseguraron que hubo un «proceso de retención de vientres destinados a faena para escapar de la caída de precios y de la falta de demanda para exportación. En el caso de vacas sin diente, el tiempo de retención tiene poca duración».
Cuestionaron que «se postergó la inversión en genética, que estaban aumentando sostenidamente», la «suspensión de inversiones en la impostergable renovación de infraestructura (alambrados, aguadas, etc.) que estaban aumentando en función de los mejores precios vigentes antes de las restricciones» y hubo una caída de su propia actividad de comercialización.
Sociedades Rurales
Los representantes señalaron que hubo una «caída de precios de categorías vinculadas con la exportación», además de un «deterioro de la situación económica y financiera, por postergación de ventas de vacas con destino a faena que no podrá mantenerse por mucho tiempo más».
Expresaron su «incertidumbre generada por decisiones del Gobierno Nacional que implican la vuelta a un sistema intervencionista, que pareciera indicar que producir y crecer es contraproducente».
Por otra parte valoraron «la asistencia financiera de algunos ferieros para transitar el período de menores ventas con menores precios» y señalaron como «único culpable» al gobierno nacional, aunque consideraron que «el Gobierno Provincial no está planteando nada que cambie una política que es dañina y perversa».
«La conclusión general de los presentes es de incertidumbre», expresaron en el comunicado las organizaciones rurales, frente a lo que consideraron «medidas que desalientan la producción, y que no lograrían plenamente el objetivo de carne a menores precios para el consumo interno».
También «por no aprovechar la alta demanda mundial de proteínas cárnicas».
Frente a ese análisis, adelantaron que «solicitarán al gobierno nacional, con el inevitable apoyo del gobierno provincial, que la producción primaria necesita reglas claras y duraderas que permitan un incremento sostenido de la producción, única manera de lograr menores precios para el consumo interno».
Acordaron que «el reclamo debe partir de la necesaria unidad de todos los integrantes de la cadena, incluso de los impactados indirectamente por estas restricciones: transportistas, contratistas de labores, alambradores, molineros, entre otros».

