La diputada provincial, Sandra Fonseca, rechazo el proyecto de reforma del Código de procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa que se sometió a tratamiento en plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios y Legislación General
La legisladora expresó que con la iniciativa “pretenden facultades para reglamentar modificaciones del Código y por lo tanto que la obligación de legislar los Códigos Procesales de la provincia, que constitucionalmente lo tiene que dictar y/o modificar la Cámara, lo haga el Superior Tribunal de Justicia”.
Destacó que “con fundamento en nuestra Constitución de La Pampa, en su Artículo 68 inciso 16, la Cámara de Diputados tiene la obligación de dictar los Códigos de procedimiento, no delegar en otras funciones y mucho menos en el Superior Tribunal de Justicia, el cual no puede legislar, sino aplicar y/o declarar la nulidad o inconstitucionalidad en casos concretos de las leyes”.
Fonseca manifestó “se pretende crear un organismo judicial denominado ‘Oficina de Gestión Judicial’ con desconocimiento de la Legislatura de sus funciones, competencias, etc”.
Asimismo resalto que el Poder Judicial hoy en día, con fundamento en la pandemia y en expediente digital: “está aplicando acordadas que modifican el Código Procesal en incumplimiento de la finalidad de las mismas, cual es la de reglamentación y practica procesal, y luego solicitan encarecidamente que se aprueben mediante proyectos de ley en el Poder Legislativo, porque de lo contrario de no aprobarse, se caería lo realizado a través de estas, según expresó el mismo José Sappa en la reunión de comisión, lo cual significa que ya estarían violando la normativa de división de poderes constitucionalmente”.
Cabe recordar que dos allegadas al gobierno, las Juezas Marina Álvarez y Laura Torres dijeron que no pueden meterse en cuestiones privativas de la Cámara de Diputados y por lo tanto no se expidieron, generando así una privación de justicia
La legisladora insistió que “se intenta con esta maniobra un lavado de inconstitucionalidad que ya venían haciendo a través de acordadas lo que ahora pretenden que se haga por ley. Esto no puede pasar desapercibido porque significa una nueva violación a la división de poderes, al sistema de justicia, que en los discursos es independiente, pero lamentablemente en la provincia no lo es”.
Finalmente expresó que “toda ley contraria a la Constitución es de ningún valor, como así lo dice el Art 7 de nuestra Constitución Provincial, y que ésta propuesta venga del STJ no lo excusa, sino que al contrario lo agrava”, concluyó.
